Paul Antoine Matos
Foto: Fabrizio León Diez
La Jornada Maya

30 de noviembre, 2015

La violencia de género a nivel institucional hacia las mujeres embarazadas es un tema poco atendido en Yucatán.

El caso de María Ligia, una madre de 41 años oriunda de Chaksinkín, quien estaba embarazada de gemelos, ha sido el más documentado y público. La mujer fue víctima de trato cruel e inhumano en el hospital comunitario de Peto y el General “Dr. Agustín O’Horán”, en Mérida, donde murió en enero de 2014, señaló el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE),

En otro caso, publicado por [i]La Jornada Maya[/i], Rita, de 29 años, falleció tras ser forzada a dar a luz en Valladolid, donde se le presentó una hemorragia, por lo que fue trasladada al O’Horán. En la capital perdió la vida a causa de una coagulación intravascular diseminada y por falla orgánica múltiple e hígado graso agudo del embarazo.

Tan solo entre 2014 y 2015, la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY) ha registrado ocho casos de violencia obstétrica, entre los que se incluyen negligencia física y psicológica, reveló María Teresa Vázquez Baqueiro, directora del Centro de Investigación Aplicada en Derechos Humanos de la Comisión. Los ocho casos están repartidos entre los hospitales O’Horán y Materno Infantil de Mérida, el General de Valladolid y el San Carlos de Valladolid; todos pertenecientes a la Secretaría de Salud de Yucatán (SSY).

Vázquez Baqueiro expresó que las mujeres carecen de atención en los centros de salud públicos y, si la reciben, no es adecuada; lo que genera la violencia obstétrica: “un tipo de violencia de género a nivel institucional”.

Este tipo de violencia, explicó, ocurre de dos maneras. La primera es física y se refiere a negligencias médicas que pueden provocar la muerte. La segunda es emocional y sus efectos pueden tener un impacto sicológico en las madres e, incluso, llevarlas a depresiones posparto, desinterés hacia los hijos o recordar el embarazo como trágico.

Esto ocurre cuando las mujeres reciben un tratamiento inadecuado, a base de gritos, ofensas e insultos, en un momento en el que se encuentran vulnerables emocionalmente, afirmó. “El embarazo y el parto deben ser para la mujer algo que debe transitar naturalmente. Pero si no reciben atención adecuada se puede volver un episodio traumático para ella y emocionalmente representar un daño”, expresó.

Al ser cuestionada sobre la razón de las deficiencias en la atención a mujeres embarazadas, respondió que “en los servicios de salud públicos de Yucatán no hay una perspectiva de género”. Consideró paradójico que se hable de atención ginecobstetra pero que ésta no se enfoque en las mujeres embarazadas, a las que no debiera considerarse “un paciente más”.

“El normalizar el sufrimiento, verlo como un simple proceso más del parto, hace que las mujeres sean maltratadas. Se le trata como a cualquier otro proceso médico, sin el enfoque de género que amerita la atención ginecobstreta”, manifestó.

Reconoció que la CODHEY sólo atiende los casos que ocurren en las clínicas de la SSY, mas no en las instancias federales como el IMSS o el ISSSTE.

De acuerdo con las estadísticas de los servicios de salud, en 2014 la SSY registró 12 defunciones con complicaciones relacionadas al embarazo, mientras que el IMSS, ISSSTE, Sedena, Semar e IMSS Oportunidades no registraron muertes.

Para la SSY, la entidad registró en 2013 una cantidad de 35.4 fallecimientos relacionados al embarazo por cada cien mil nacidos vivos, lo cual es la razón de mortalidad materna. Sin embargo, los datos de la Secretaría de Salud a nivel federal, a través del Sistema de Indicadores de Género, señalaron que ese mismo año fue de 50.4. Ese mismo estudio indicó que se redujeron, en comparación con los 81.6 del 2002.

El secretario de Salud de Yucatán, Jorge Eduardo Mendoza Mézquita, declaró que “hay un comité de mortalidad materna en el que de manera sistemática se trabaja para mejorar los números que tenemos. Siempre que fallece una persona es lamentable e intentaremos que sean menos en cada ocasión”.
Vázquez Baqueiro aseguró que los medios de comunicación han permitido el avance para evitar las muertes maternas, lo que obliga al estado a ser más abierto para reconocer los problemas en la atención y tomar medidas para enfrentar la situación.

[h2]Población maya[/h2]

Teresa Vázquez apuntó otro problema del sistema de salud para la atención materna: el sector indígena y mayahablante. Comentó que se carece de la comprensión y del personal que conozcan el idioma, lo que perjudica a la hora de atender a los pacientes.

Indicó que deben privilegiarse las prácticas de las parteras y reconocer los usos y costumbres de la medicina maya tradicional, no buscar medicalizar todo.

Resaltó que las parteras capacitadas pueden ayudar en la evolución del embarazo para evitar que la mujer tenga que moverse innecesariamente a la ciudad. “Es más fácil que una mujer dé a luz en su comunidad y sean bien atendidas por un buen programa, a que viaje a la ciudad durante dos horas”, agregó.

[h2]Negligencia médica[/h2]

La representante de la CODHEY manifestó que en el caso de María Ligia se inició el expediente de queja, el cual la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) atendió debido al grado de vulnerabilidad de la madre; ya que era mayahablante, indígena y vivía en situación de extrema pobreza.

Indicó que la CNDH solicitó al estado “iniciar la investigación por la responsabilidad de funcionarios públicos en el delito de negligencia médica, reiniciar la investigación, sancionar a los responsables y el pago de indemnización a los familiares”. Dicha información se corrobora en la recomendación 24/2014 del organismo nacional.

Al ser preguntado sobre el tema, Mendoza Mézquita afirmó que “yo no recuerdo que Derechos Humanos haga denuncias”.

Vázquez Baqueiro señaló que el nuevo hospital materno infantil que se construirá en el sur de Mérida resolverá el problema de la saturación en el actual, donde se contará con un equipo moderno para incrementar la atención hacia las mujeres.

A todas estas valdría la pena preguntar si organismos como el Instituto para la Equidad de Género y el Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya en el Estado de Yucatán llevan a cabo alguna labor de acompañamiento a madres en situación vulnerable o si tienen la capacidad de coordinarse con la SSY para revertir lo que es, a todas luces, una falta de preparación por parte de los responsables de la política de salud en Yucatán.


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