Desarrollo ¿para quién?

Adrián Gorocica Rojas*
Ilustración Arbee Farid Antonio Chi
La Jornada Maya

19 de octubre, 2015

En los últimos años se ha visto un desarrollo- si así se le puede llamar- desmedido de la ciudad. El crecimiento incontrolado de centros comerciales, supermercados, agencias de autos y grandes desarrollos de vivienda de lujo, pareciera sembrar la idea en la gente, foránea y local, de que Mérida está viviendo un gran momento en su economía y que la calidad de vida es buena.

Sin duda alguna, aún no llegamos a los grandes males de grandes ciudades. Pero poco a poco nos encaminamos hacia ello. Nuestra ciudad, día con día y como consecuencia de una mala planeación, va perdiendo su encanto. Cada vez hay menos zonas verdes y arboladas que ayuden a mitigar el calor y los tiempos de traslado aumentan. Se empiezan a escuchar más casos de inseguridad y las personas cada vez salen menos a la calle para convivir y hacer uso del espacio público.

Entonces, ¿qué está pasando? Las construcciones que se ven a diario en nuestra ciudad, ¿a quién benefician? Desarrollo ¿para quién?, y ¿para qué?

Los que habitamos la ciudad de Mérida hemos visto muy poco de los efectos positivos de dichas obras; aunque existe quien las aplaude y defiende, usándolas como indicador del desarrollo económico que vive la ciudad. Sin hacer referencia únicamente a los políticos, sino a ciudadanos que por igual hacen suyo tal discurso.

En un panorama cuantitativo y según datos del INEGI y CONEVAL, Mérida tiene una población aproximada de 830 mil 732 habitantes, de los cuales 29.4 por ciento viven en condiciones de pobreza; 32.8 por ciento padece de una o más carencias sociales (acceso a la educación, salud, vivienda, alimentación, servicios básicos y seguridad social); el 28.5 por ciento es vulnerable por ingreso y sólo el 9.3 por ciento no es pobre y no tiene carencias sociales. Del total de la población económicamente activa, el 60 por ciento gana tres o menos salarios mínimos, equivalentes a $6 mil 309 pesos mensuales. Para que una familia promedio de nuestra ciudad pueda tener acceso a productos elementales de la canasta básica, necesita aproximadamente $7 mil 560 pesos mensuales. Con ello se puede ver que los grandes complejos comerciales y de vivienda están muy por encima de los ingresos económicos de la mayor parte de la gente.

Los efectos son cada vez más notorios. Los vecinos de distintas zonas se ven abrumados por los cambios urbanos que ahora viven. Se ven afectados en su forma diaria de vivir, encontrando mayor tráfico vehicular y ruido ambiental, perdiendo toda tranquilidad de la colonia y, por consiguiente, la razón por la que decidieron habitar en ésta. Al igual, cuando las obras se asientan en zonas en donde el poder adquisitivo de los habitantes no es exactamente su [i]target[/i] o mercado, los inversionistas operan con la estrategia de comprar las viviendas previamente existentes para construir más comercios o simplemente complejos habitacionales más caros.

En cualquiera de los casos mencionados, existe un desplazamiento de la gente. Ya sea porque la tranquilidad es amenazada y se busca otro sitio en donde pueda recuperarse, o simplemente porque no forma parte del estatus que se requiere para el lugar, porque su nivel económico no lo permite. Puede ser que en esta situación sean enamorados con grandes sumas de dinero, o presión para vender su propiedad, y entonces sí, la zona se transforme en lo que los desarrolladores planean: una vivienda de lujo para que luzca junto con los grandes comercios que se ubican en el área.

¿Qué pasa con toda la gente que fue prácticamente expulsada? Lo que hoy se ve es que los territorios en donde los servicios existen en mayor cantidad y más cerca de la gente, son los lugares en donde se empiezan a dar estos procesos de gentrificación y segregación: se crean grandes desarrollos para que la gente con el dinero suficiente pueda pagar y a los que no lo tienen se les desplaza a las periferias de las ciudades, donde la vivienda es más económica, pero la oferta de servicios y espacios públicos es escasa y la vida, en lugar de ser más barata, se convierte en cara por el tiempo y el dinero que se gasta en transporte al trabajo, a la escuela y en acceder a diferentes servicios; convirtiendo a estos territorios en trampas de pobreza y donde hoy a las autoridades no les interesa resolver la situación. Y se sigue fortaleciendo con esto, la creencia de las dos Méridas.

Tenemos que defender la ciudad. Es nuestra responsabilidad como ciudadanos el debatir estos temas y empezar a ponerlos sobre la mesa antes que nos rebasen y la realidad nos alcancen a todos nosotros. Como seres humanos tenemos el derecho legítimo de transformar nuestro hábitat cuantas veces se requiera y creamos necesario para ser felices. Construyamos una ciudad más justa y equitativa, en donde la inversión pública sea pareja y la calidad de sus servicios igual. Empecemos a construir entre todos una ciudad en donde se detonen reales procesos de desarrollo que nos permitan generar mejores ingresos a todas las familias de nuestra ciudad y las brechas de desigualdad empiecen a reducirse. Pero para todo esto es necesario organizarnos y ser solidarios para exigir nuestro derecho de hacer ciudad e involucrarnos en las decisiones, sin dejarlo todo en manos de unos cuantos desarrolladores y políticos que especulan con la vida de la gente y de nuestra ciudad.

*Adrian Gorocica Rojas, ingeniero industrial por el Instituto Tecnológico de Mérida, con diplomados en Formación de Agentes de Desarrollo Territorial y en Evaluación de Políticas Públicas. Actualmente fundador y miembro del colectivo Asambleas Ciudadanas MID.

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