Óscar Rodríguez
La Jornada Maya
9 de octubre, 2015
Ante más de 50 presidentes y representantes de las comisiones de derechos humanos del mundo, Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), reconoció que “hace un año México vivió una terrible noche, de la que no hemos podido salir completamente. 43 jóvenes normalistas, hijos de familias muy pobres, fueron desaparecidos por policías locales de dos municipios que forman parte del estado más violento de nuestro país.”
Al tomar la palabra en el marco de la XII Conferencia Internacional de Instituciones Nacionales para la Protección y Promoción de los Derechos Humanos, donde se discuten temas como alimentación, educación y medio ambiente, el funcionario federal consideró que la investigación que se lleva en torno a los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, pasará a la historia como una de las que mayor vigilancia ha tenido por parte de la comunidad internacional.
Campa Cifrián relató el martirio que sufrieron los estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, a manos de los policías municipales de Iguala, y calificó al estado de Guerrero como “el más violento del país”.
El subsecretario sostuvo que fueron integrantes del crimen organizado quienes mataron y desaparecieron a los estudiantes normalistas, y que 115 personas ya fueron consignadas ante un juez, quien se encargará de determinar el grado de participación y asignar las penas correspondientes en cada caso. Igualmente presumió que la versión de las autoridades ministeriales mexicanas fue corroborada por especialistas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Sin embargo, admitió que la polémica que se ha desatado en torno al caso se derivó de la versión de los especialistas independientes, quienes sostienen que los cuerpos de los normalistas no pudieron ser calcinados en el basurero de Cocula.
[h1]Sin justicia no hay derechos humanos: CNDH[/h1]
Al hacer uso de la palabra, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, señaló que un gobierno no puede hablar de respeto pleno a las garantías individuales si no existe una aplicación correcta de la justicia hacia las víctimas del delito.
“Sin justicia no hay paz, sin paz no existen condiciones para el desarrollo pleno e integral de las personas. La paz es un objetivo cuya realización incumbe no sólo a las autoridades, es un proceso que no puede completarse sin el compromiso de todas las personas”, expuso.
Finalmente, consideró que la reunión celebrada en la capital yucateca es una clara muestra de los grandes avances que se han tenido en materia de derechos humanos.
El encuentro, se prolongará hasta este sábado, cuando los presidentes de las comisiones nacionales de los derechos humanos de la 50 naciones participantes emitirán la “Declaración de Mérida”, documento en el cual se establecerán los parámetros para aplicar el Plan 20-30 propuesto semanas atrás ante el pleno de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Cabe señalar que el evento fue inaugurado por el gobernador Rolando Zapata Bello acompañado de funcionarios de la ONU y de la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos.
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