Soya transgénica terminará con desarrollo sustentable

Paul Antoine Matos
Foto Rodrigo Díaz Guzmán
La Jornada Maya

6 de octubre, 2015

Diversas organizaciones no gubernamentales manifestaron ayer su rechazo a la posibilidad de que la empresa Monsanto obtenga el permiso para sembrar soya transgénicamente modificada en la península de Yucatán, ante los riesgos que eso podría presentar para la salud de los habitantes en las comunidades apícolas y la economía de quienes viven del campo.

Ayer, en la ciudad de México, representantes de los grupos activistas del Centro ProDH, con Araceli Olivos; el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), con Xavier Martínez; Greenpeace, con María Colín; Litiga Ole, con Luis Miguel Cano; el Grupo Indignación, con Jorge Fernández; Ecosur/UCCS, con el doctor Rémy Vandame; el colectivo Ma OGM; y la apicultora maya, Leydi Pech, ofrecieron una rueda de prensa para manifestar su posición.

Este miércoles, el ministro de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidirá sobre los amparos interpuestos por las autoridades tradicionales mayas en Campeche, contra el permiso para sembrar soya transgénica otorgado a Monsanto, lo cual afectaría a los tres estados peninsulares.

De acuerdo con la Secretaría de Agricultura, Campeche, Yucatán y Quintana Roo son los principales productores de miel a nivel nacional, generando el 25 por ciento del producto agrícola. Además, el dulce se exporta principalmente a la Unión Europea –en 2014 se enviaron 33 mil toneladas? y siete de cada 10 consumidores del Viejo Continente rechazan los organismos genéticamente modificados (OGM).

Jorge Fernández, del Grupo Indignación, declaró que el gobierno de Yucatán ha reconocido la “posible afectación por la siembra de soya transgénica al patrimonio biocultural y a los derechos humanos del pueblo maya”. A pesar de ello, el Ejecutivo federal ha apostado por apoyar a las megaempresas, enfatizó.

“Como cancerígeno, la aplicación del glisofato en la siembra debe ser prohibida por el Estado mexicano, el cual tiene la obligación de evitar el uso de tecnologías con impacto negativo en el medio ambiente”, añadió Fernández.

El valor de la miel
El colectivo Ma OGM (“No a los transgénicos”, en maya) indicó que “aprobar la siembra de soya genéticamente modificada en la península de Yucatán terminaría con un círculo virtuoso en una región, en la cual la apicultura ha fomentado un desarrollo humano sustentable durante años. La apicultura se sostiene en la riqueza cultural y ambiental de la selva maya; entonces, las comunidades protegen la selva, que les genera ingresos”. En 2013 se deforestaron en Campeche 38 mil hectáreas, una parte de ellas consecuencia de la siembra de soya, agregó.

Rémy Vandame señaló que “el modelo tradicional de agricultura busca proveer de alimento y cuidar el medio ambiente”. Pero el uso de plaguicidas y la deforestación es la principal causa de muerte en abejas.

En su participación, la apicultora maya Leydi Pech reveló que los subsidios del gobierno federal para la siembra de soya transgénica son otorgados a los menonitas y empresarios, y cuando existe una afectación a la producción apícola, ésta debe ser pagada por las empresas que contaminan, no los productores.

“La miel que exportamos garantiza nuestro sustento. Esa es la importancia económica para nosotros”, afirmó.

Desde 2011 inició la lucha contra el uso de transgénicos en el campo, tras el fallo de la Corte de Justicia de la Unión Europea –en septiembre- el cual limitó el comercio de la miel con polen de cultivos transgénicos. En México, los jueces otorgaron un amparo en abril de 2014 a los apicultores y las comunidades que dejó sin efecto el permiso para la siembra de soya genéticamente modificada en los estados de Campeche y Yucatán.