Falta de políticas públicas

Verónica Camacho Chávez
La Jornada Maya

5 de octubre, 2015

A pesar de estar catalogado como uno de los estados más seguros del país, en Yucatán prevalecen la falta de políticas públicas sobre derechos humanos y prácticas de tortura, señaló Jorge Fernández Díaz, asesor jurídico del grupo Indignación, al referirse a los tres años primeros años de la administración del gobernador Rolando Zapata Bello.

Expresó que, en términos generales, este gobierno ha carecido de atención y solución a los casos de tortura, y que como claro ejemplo, a cinco años de la muerte de Roberto Tzab, en los separos de Tekax, la fiscalía del estado consideró que no existen elementos para consignar a los responsables del fallecimiento.

Señaló que existe una falta de compromiso y de transversalidad en las políticas públicas, como se observa claramente en la designación de Rosario Cetina Amaya, quien ha demostrado su “falta de oficio” y conocimiento en los cargos que ha tenido como es el Instituto para la Equidad y Género y ahora en el Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya (Indemaya).

“Estas nuevas designaciones no tienen más que una lógica, que es la de mantener a ciertos grupos en el poder para velar por sus intereses”, afirmó.

Expresó que los recientes feminicidios y otras agresiones basadas en el género, alertan sobre el grave riesgo para mujeres en la entidad y ponen en evidencia la impunidad, la desprotección y la ausencia de programas y políticas para erradicar la violencia de género.

Fernández Díaz indicó que el desconocimiento y la impericia comprometen la adecuada integración de los expedientes e impiden contar con un modelo de atención adecuado. Lamentó, igualmente que la fiscalía sostenga que el problema de la violencia en las parejas no constituye violencia de género, así como que el feminicidio no está tipificado en Yucatán.

Indicó el abogado que de igual forma, ha prevalecido la discriminación por la orientación sexual.

“Yucatán se encuentra en los primeros lugares en crímenes por homofobia. No sólo es hablar de la falta de investigación y resolución de estos casos, sino de una política integral de inclusión y legislación de este grupo de personas”, comentó.

También reconoció que se ha excluido a los pobres de sus derechos, y que este no ha sido un tema exclusivo de esta administración, sino de varias que mantienen una política de despojo territorial.

“A pesar de que se reconoce constantemente la calidad de vida que ofrece la capital yucateca, la pobreza es una constante; tenemos que visualizar la situación real del estado y de la península. Ya no podemos decir que no pasa nada, cuando sigue habiendo violencia detrás de este discurso”, señaló.