Las dos Méridas

Gabriel Alejandro Aguilar Orozco*
La Jornada Maya

10 de septiembre, 2015

Yucatán es actualmente uno de los estados donde hay mayor inversión en infraestructura y servicios en México. Un ejemplo de ello es Vía Montejo, el nuevo proyecto de la capital yucateca que ofrece servicios de lujo (una nueva forma de vivir) que, afirma la constructora, será el más exclusivo de la península; mejorando ampliamente la calidad de vida entre el sector poblacional de altos ingresos.

Esta acción se conoce como capitalización y consiste en incrementar el atractivo de casas-habitación de determinada zona, con inversión privada o pública. Esto genera ascenso en las rentas, lo que aumenta el valor de los bienes inmuebles y con ello los propietarios obtienen un beneficio.

Para la aprobación de estas inversiones existe un mecanismo de asignación parcialmente centralizado, donde las empresas, gobierno e individuos participantes en la economía ejercen su decisión.

En los años recientes se ha dado una suerte de sistema corporativo, por ello los agentes de mayor peso en las decisiones son los inversionistas mayoritarios y las empresas involucradas en los proyectos.

Al minimizar la participación del Estado en la toma efectiva de decisiones y al no tener un sistema regulatorio eficiente, los intereses se han homogeneizado por fallos que benefician a las empresas, dejándolas a su libre albedrío, con lo cual las inversiones y proyectos se han plagado de especuladores.

Estos agentes de la especulación han inflado el precio de los predios de una manera exponencial en los últimos 10 años en el norte de Mérida. Por ejemplo, antes se pagaba 900 mil pesos como máximo por un terreno ubicado en el norte de la ciudad, construcción incluida; actualmente tenemos un alza de más de 50 por ciento, con un precio mínimo de millón y medio de pesos.

Esto crea una disparidad con respecto al sur, donde una casa tiene un precio máximo de venta de 650 mil pesos.

Esta situación ha provocado una serie de externalidades de enorme costo social, que obviando el hecho de las inversiones, en lo general son de servicios y corroen el tejido económico, haciéndolo casi insolvente. Lo que hace evidente la disociación de Mérida.

Al provenir la inversión del capital privado, no se tienen propiedades públicas, creando una marginación social en el uso de las áreas recreativas. A partir de esta problemática tenemos una reacción mediática de los habitantes de menores recursos y la migración del norte hacia el sur, en muchos de los casos, con lo cual se lucra con la necesidad de estas personas, comprándoles las tierras con la promesa de que obtendrán mayor rendimiento en el sur, aunque en otros casos es producto de una decisión personal, al ya no sentirse los vecinos parte del entorno.

Existen ejemplos como el caso de Chuburná, donde la población originaria es muy reducida y la mayoría de los que habitan ahora en esa colonia son foráneos o inversionistas. Actualmente las colonias Las Águilas y Cordemex son paulatinamente desalojadas por los habitantes y compradas por inversores particulares o empresas.

Otros casos de migración poblacional son las comisarías de Cholul y Sitpach, que poco a poco son acaparadas por inversionistas, debido a la extrema necesidad de recursos que tienen sus habitantes; por lo común adultos mayores o jóvenes sin oportunidades de empleo.

Los gobiernos estatal y municipal han intentado mediar en esta polarización social creando obras públicas como el Paseo Verde o Animaya, por nombrar algunas. Sin embargo, no tuvieron el impacto esperado, ya que al ser propiedad pública, se han llenado de pobladores provenientes del norte de la ciudad, marcando aún más la división social.

Es triste pero cierto que cada día esto forma parte de lo que muchos autores locales llaman Las dos Méridas.

*Estudiante de la licenciantura en economía con especialización en economía política y pública, y consultor de inversión en construcción.

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