Escándalo al interior de la institución

Carlos Luis Escoffié Duarte
La Jornada Maya

31 de agosto, 2015

Este sábado, renunció a su cargo un visitador de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey) en medio de un escándalo al interior de la institución. La ONG en derechos humanos Indignación y el albergue Oasis San Juan de Dios denunciaron que al menos dos casos fueron cerrados deliberadamente mediante firmas y documentos falsos. Como trascendió en medios estatales y nacionales, se falsificó incluso la firma de una persona que ya había fallecido. Una semana antes de la renuncia, el presidente de la Codhey había anunciado que el entonces visitador adjunto fue separado de su cargo para “facilitar las investigaciones” de la Fiscalía de Yucatán. Resulta difícil saber hasta qué punto llegaría la cadena de responsabilidad en el caso, pero sí hay elementos para medir su gravedad. ¿Qué había en esos expedientes para provocar la urgencia de darles “carpetazo”?

El primer caso data del 12 de noviembre de 2013, fecha en la que el Equipo Indignación y Oasis San Juan de Dios presentaron una queja ante la Codhey en contra del Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención en Sida e Infecciones de Transmisión Sexual (Capasits), en la cual se denunció la negativa de otorgar los medicamentos complementarios a pacientes con VIH, así como malos tratos hacia ellos, incluyendo la negación de antiretrovirales como castigo y el abandono en el Centro de Reinserción Social. Posteriormente, el día 20 de febrero del 2014, las mismas organizaciones presentaron un segundo caso ante la Codhey, cuyos hechos se relacionan con la muerte de una persona con VIH/Sida a la que se le negó la atención médica en el Hospital O’Horan bajo el pretexto de ser migrante.

El VIH/Sida es un tema de salud prioritario en la entidad. De acuerdo con datos presentados por los Servicios de Salud de Yucatán, para finales del año 2014 había al menos 2 mil 358 personas seropositivas y 4 mil 118 personas viviendo con Sida en la entidad, siendo los municipios de Mérida, Progreso, Tizimín, Kanasín y Valladolid en los que se presentan más casos. Por su parte, Cenisida reporta que, al final del 2014, Yucatán ocupaba el segundo lugar a nivel nacional en incidencia acumulada de casos de VIH y Sida, con un porcentaje de casi 300 por 100 mil habitantes. Más allá de los números, la situación de las personas afectadas se agrava ante la discriminación y la exclusión de una sociedad sumamente conservadora en la que persisten prejuicios y mitos alrededor de los pacientes. Como botón de muestra, basta mencionar el rechazo que ha recibido el albergue Oasis San Juan de Dios por parte de sectores que consideran que el cuidado de “pecadores” es una amenazan por la posibilidad de “trasmisiones vía picada de mosquitos”.

Más allá de los resultados que pudiera arrojar la investigación penal que realiza actualmente la Fiscalía de Yucatán, la Codhey debe hacer una investigación interna para aclarar la situación y adoptar medidas que impidan la repetición de estos actos de corrupción. Por supuesto, también debe reabrir ambos casos e investigarlos como es debido. Los expedientes que sufrieron del “carpetazo” reflejaban el martirio de las personas afectadas por el VIH y el Sida en Yucatán, el cual debería estar entre las prioridades de una institución que fue creada para garantizar los derechos humanos. ¿Qué interés habría en obstaculizar esos dos casos a como diera lugar? ¿La falsificación de firmas fue obra de un solo responsable actuando por cuenta propia?

@kalycho