Desigualdad económica

Carlos Luis Escoffíe Duarte
La Jornada Maya

21 de agosto, 2015

No siempre cuando se habla de “todos” se está haciendo referencia a absolutamente todos. Ejemplo de incansable referencia es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Si bien tanto en su preámbulo como en su cuerpo hacía referencia a “todos”, los alcances de esa palabra se limitaban a algunos. De manera más discreta pero no por ello menos profunda, hablar de igualdad en el ejercicio de derechos sigue siendo un reto mayor en contextos de alta polarización como el de Mérida. Presentado ya el tercer informe, es el momento ideal para reflexionar si la administración encabezada por Renán Barrera ha sido verdaderamente la de una Mérida para todos, particularmente frente al cumplimiento de derechos económicos, sociales y culturales (DESC), los cuales son la manifestación por excelencia de la igualdad al interior de una sociedad.

Esperar que los más altos anhelos en DESC como la educación, la salud y la alimentación se alcancen de un día para otro (o de una administración a otra) es pecar de ingenuidad. Instancias nacionales e internacionales han señalado que los gobiernos están obligados a garantizar su cumplimiento progresivo implementando para ello hasta el máximo de recursos disponibles. Sin embargo, esto no significa que no existan exigencias puntuales o que se tolere la negligencia. La importancia de garantizar los DESC obliga a las autoridades a adoptar medios idóneos que estén respaldados por indicadores de resultados.

Al igual que las anteriores, esta administración se ha caracterizado por implementar, por un lado, programas que formalmente parecieran ser idóneos para garantizar los DESC pero que carecen de indicadores de resultados para confirmar que lo son; o, por otro lado, programas que son cuestionables de raíz y que demuestran un desinterés por diseñar verdaderas políticas públicas. El caso de la Dirección de Desarrollo Social (DDS) es paradigmático, siendo (en teoría) la rama del ayuntamiento especializada para cumplir con las obligaciones en la materia.

En los dos primeros informes de esta administración, la DDS centró el reporte de sus actividades en el incremento del dinero invertido y del número de supuestos beneficiarios. Sin embargo, más allá de los datos cuantitativos de aplicación, no es transparente con los datos cualitativos y cuantitativos de resultados. Es decir, se limita a señalar qué se hizo, pero nunca con qué objetivo y cuáles fueron los indicadores de resultados adoptados para concluir si se alcanzaron o no verdaderos cambios en la realidad de los sectores más marginados.

Es evidente que actividades como talleres de sastrería, servicio gratuito de belleza, espectáculos de payasos o el “Spa Mamá” no sólo son una ficción de política pública, sino que refuerzan estereotipos de género y de pobreza. Por otro lado, programas destinados al fomento del arte, la cultura y la educación, los cuales en principio podrían ser idóneos para el combate a la pobreza y la desigualdad social, han sido diseñados bajo la lógica de obras de beneficencia. El desinterés en el área demuestra un escaso compromiso por garantizar los DESC en una sociedad tan polarizada socioeconómicamente. Obliga también a recapacitar sobre la laxitud con la que se permite el uso del presupuesto público en rubros tan indispensables y de los cuales depende la solución de problemas estructurales en el municipio. Al igual que las anteriores, ésta ha sido la administración de una Mérida para todos, pero no para todos por igual.

@kalycho