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del

Óscar Muñoz
Foto: Rodrigo Díaz Guzmán
La Jornada Maya

Viernes 10 de febrero, 2017


Increíblemente, las escuelas de educación primaria de Yucatán, y en general las de los demás niveles educativos, todas ajustadas al sistema educativo federal, han procedido de acuerdo con los dictados de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en cuanto a la evaluación escolar, sin reparar en los errores del sistema de evaluación. Para muchos, ésta es una calificación, una nota, un número que representa aprobación o reprobación (ahora inexistente en el sistema), cuando en realidad es un proceso que no puede ser reducido a una calificación.

De pronto, la evaluación adquirió una fisonomía política, primeramente para que el Estado tuviera control directo del sistema educativo y el magisterio. En los últimos tiempos le fue despojado el carácter educativo, pedagógico, social, y le fue asignada una apariencia institucional, política y burocrática. Evaluar es y seguirá siendo un proceso que genera una valoración, pero no una calificación. Y si evaluar es valorar, es porque tiene connotaciones ideológicas que se ajustan a las condiciones socio-históricas del contexto propio del país, de la región, de la entidad, del municipio.

La educación, como práctica social, incluye la evaluación como un proceso fundamental que sucede en las escuelas y, consecuentemente, presenta aspectos ideológicos, sociológicos, pedagógicos, sicológicos. La evaluación, en este contexto, es un proceso que no debe reducirse a una nota de calificación. Como proceso educativo, presenta diferentes etapas: detectar dificultades de aprendizaje del alumno, entender las razones de éstas y auxiliar a resolverlas. En este sentido, es muy difícil observar en las escuelas de Yucatán que la evaluación sea llevada a cabo como un proceso que enfrente las dificultades de aprendizaje. Al parecer, autoridades escolares y docentes utilizan la calificación como evaluación, sin detenerse en las dificultades que tuvieron los alumnos en el desarrollo.

La situación descrita arriba empeora cuando el sistema educativo frena el proceso de evaluación como debe ser considerado. Hoy no existen más reprobados, y no es porque deba haberlos, sino que los problemas de aprendizaje de los alumnos que hayan sido detectados durante la evaluación deberían atenderse. Si el sistema niega la reprobación, los docentes simplemente aprueban a sus alumnos sin reparar en su proceso de aprendizaje. Entonces, ¿qué tipo de educación ocurre? ¿Cómo sería posible resolver muchos de los problemas del sistema educativo, si la evaluación no impera entre los procesos escolares? Peor aún, ¿cómo ofrecer una educación sólida a la población escolar que será pronto la ciudadanía que requiere el país?

Esta circunstancia de las escuelas de Yucatán, y seguramente de todo el país, se complica más cuando se lleva a cabo una reubicación de alumnos extraedad, es decir, un avance forzado de grado que se aplica a los escolares de mucha más edad que la de sus compañeros. En el fondo, la extraedad es un desfase entre la edad y el grado, que se refleja cuando un escolar tiene tres o más años respecto de la edad promedio de los alumnos del grado en cuestión. Por lo general, esta situación se debe al ingreso tardío de algunos niños a la escuela y sobre todo cuando ocurre la repetición de grado.

Muchas veces, la situación de los alumnos extraedad responde a circunstancias personales que están relacionadas más con problemas de aprendizaje, los cuales no fueron detectados porque no se aplicó ninguna evaluación. Las consecuencias de este avance forzado de grado de los alumnos extraedad es la exclusión escolar, es decir, muchas veces estos niños comienzan a sentirse solos, abandonados, excluidos, porque no tienen los conocimientos y habilidades de sus nuevos compañeros. Algunas veces, ciertos menores de este tipo llegan a desertar de la escuela.

Por todo ello, será necesario que el sistema educativo local revise la situación de la evaluación escolar y haga los ajustes suficientes para aplicarla como un proceso educativo, y consecuentemente los docentes ofrezcan los apoyos para resolver las dificultades de aprendizaje que presentan sus alumnos. En seguida, habrá que organizar la capacitación magisterial requerida y diseñar la estrategia más adecuada para dar seguimiento a la evaluación escolar. Y si, para lograrlo, es indispensable ajustar las leyes locales de educación o solicitar al Congreso de la Unión las adecuaciones pertinentes a la Ley Federal de Educación al respecto, que se haga. ¿Por qué no?

[i]Mérida, Yucatán[/i]
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