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Giovana Jaspersen
Foto: Fabrizio León Diez
La Jornada Maya

Viernes 05 de mayo, 2017


El tlahuica en voz propia se denomina [i]pjiekak'joo[/i] que significa “lo que yo soy”, es una de las 69 Lenguas Nacionales y en el 2000 tenía 407 hablantes. Una de ellas, Amanda Zamora, hoy tiene 87 años y hace unas semanas durante la presentación de un libro de gramática de su lengua afirmó "está desapareciendo, porque mucha gente tiene vergüenza de hablarla". Así, en el Palacio de minería, la mexiquense resumió cómo ella y su pueblo conviven con la idea de avergonzarse al enunciar el mundo como les fue concebido y en su voz se concentraron todos los pueblos que han sido -y son- orillados a dejar su lengua por pena y discriminación. Como respuesta, parte de los asistentes expresaron: es una lástima.

En fechas cercanas a este evento, circulaba en redes un video registrado en el centro de Campeche en el que dos policías detenían y maltrataban a dos mujeres mayas por vender textiles en la vía pública; con lujo de violencia y sin un intérprete, esposaban a una menor como a un peligroso delincuente, mientras ella sollozaba en su lengua materna. La respuesta social fue similar, es una lástima, se dijo.

Así, en temas de derechos de pueblos originarios parece que vamos de lástima en lástima: discriminación, racismo, extinción lingüística, falta de equidad y oportunidades, trata, pobreza, desinformación, etc. Todo, suele resumirse en un lamento pasivo y contemplativo, casi con tintes de nostalgia y resignación “una lástima”. Lo cierto es que no es una lástima sino una violación constante y tajante, resultante de una negación histórica; primero de los pueblos, después de sus lenguas y ahora de la Ley que las defiende. Se dice que el desconocimiento de una ley no exime su cumplimiento, pero lo cierto es que en el caso de los derechos lingüísticos por desconocimiento no se asumen las responsabilidades que de la ley derivan y el que se desconozca complica más la defensa y denuncia.

¿Y qué nos dice la Ley? El concreto e idílico texto, publicado en el diario oficial en 2003 y cuya última modificación se registró en 2016, concentra en 16 cuartillas las llaves y caminos para -en su cumplimiento- alcanzar un México diverso, multilingüe e intercultural en igualdad de derechos lingüisticos. Responsabiliza al Estado, por ejemplo, de generar políticas y acciones para la protección, preservación, promoción y desarrollo de las lenguas, en los diferentes órdenes de gobierno y para las 69 lenguas oficiales y nacionales. Señala como su responsabilidad difundir programas, obras y servicios también en lenguas originarias; esto quiere decir, todos ellos y no solo los específicos para pueblos indígenas. En la línea de la información, la Ley apunta como responsabilidad del Estado promover el uso de las lenguas a través de los medios masivos de comunicación; siendo estos tanto el camino para informar a la población, como también un escenario de legitimación y presencia de la diversidad lingüística en el mismo orden de importancia que el español.

En educación, probablemente el punto neurálgico del tema lingüístico, la ley apunta que se tiene que supervisar que se implemente o fomente la interculturalidad y el multilingüismo tanto en la educación pública como privada. Sembrando así hábitos, reconocimiento y legitimación que en el futuro habrían de mitigar la discriminación, falta de oportunidades, extinción lingüística, etc. Por ley, esto se debe complementar impulsando políticas de investigación, difusión, estudios y documentación sobre las lenguas indígenas; creando bibliotecas y centros culturales; apoyando investigaciones y la formación y acreditación de intérpretes y traductores. Mismos que, por Ley, habrían de estar presentes en las dependencias y oficinas públicas, teniendo así gobiernos y servicios accesibles a todos. En la ley se incluyen también temas tan prácticos como dignificantes, como puede ser que la señalética oficial así como sus topónimos sean inscritos en español y lenguas originarias y que los hablantes de las lenguas tengan no sólo presencia, sino participación política.

El que todo lo anterior no se cumpla, tampoco es una lástima, sino muestra de que estamos violando la ley; en reconocerlo radica el primer paso para reorientar caminos e imaginar realidades distintas. Qué pasaría, por ejemplo, si de inicio se pudiera bosquejar y trabajar por una Mérida bilingüe; una ciudad que así como fue única y pionera en nuestro país al firmar una Carta de derechos culturales en octubre de 2015, lo sea al comprender que la primera expresión cultural e identitaria radica en la lengua y que en su libre ejercicio está la equidad. Si esa semilla se sembrara hoy en “la mejor ciudad para vivir”, se daría un salto enorme para ser “la mejor ciudad para vivir, todos, en igualdad de derechos”, pues bien se dice que “no hay modernidad de uno si hay negación y exclusión de los otros”.

Mérida tiene todo para dar el primer enorme paso y ser nuevamente referente. No es utópico dejar la lástima, sino bastante digno.

[i]Mérida, Yucatán[/i]
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