De 2 a 28 mdp para financiamiento de partidos

Óscar Rodríguez
Foto: Rodrigo Díaz Guzmán
La Jornada Maya

Mérida, Yucatán
Viernes 19 de mayo, 2017

De acuerdo con el dictamen aprobado por mayoría en la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, a partir del próximo proceso electoral, los partidos políticos podrán obtener financiamiento privado de 28 millones de pesos anuales sin importar si hay comicios o no; además, a finales del año próximo todos los institutos políticos sufrirán una reducción del 50 por ciento en sus prerrogativas, que será destinado al patronato del Centro de Atención Integral al Menor en Desamparo (Caimede).

En la jornada de ayer, en el Congreso local, además de los cambios a la Carta Magna en sus incisos A y C, en el último párrafo de la Fracción I Apartado C y las reformas a los artículos 24 y 75 bis, en su párrafo sexto, se votaron tres dictámenes más que serán sometidos a votación hoy en sesión ordinaria.

Los diputados de dicha Comisión avalaron un fuero “acotado” para ministros y se lo retiraron a gobernador, alcaldes y diputados locales; también eliminaron las pensiones para futuros ex mandatarios estatales y se lograron reformas de fondo en materia de la no caducidad de documentos oficiales, como actas de nacimiento, matrimonio y defunción.

Durante la discusión de las iniciativas, la diputada del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Jazmín Villanueva Moo, fue la única que realizó un par de cuestionamientos, lo demás fue “miel sobre hojuelas”.

[b]Inversión privada a partidos[/b]

Actualmente la Constitución Política de Yucatán, en su artículo 16, establece que los partidos podrán obtener un financiamiento anual del 10 por ciento del total del tope de campaña de la última elección a gobernador.

De acuerdo con datos del portal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (Iepac), el tope de campaña para la elección de 2012 fue de 21 millones de pesos, por lo que de acuerdo al marco legal vigente, las fuerzas políticas del estado sólo pueden obtener poco más de 2 dos millones 100 mil pesos.

Sin embargo, la nueva reforma a la constitución del estado establece que los partidos políticos podrán obtener hasta un 8 por ciento de financiamiento privado, con base al tope de campaña de los últimos comicios a presidente de la República que hace cinco años fue de 336 millones de pesos, según datos obtenidos del portal del Instituto Nacional Electoral (INE).

Dentro del mismo dictamen se estableció la creación de un órgano de control interno que será electo por las dos terceras partes de los diputados del Congreso local, así como la reducción del 50 por ciento a los partidos políticos en tiempos no electorales.

En el documento se establece en sus artículos transitorios, que la entrada en vigor del decreto será a partir del 1 de octubre del presente año y el dinero que será recortado a los partidos será destinado para el patronato Caimede.
En el desarrollo de los puntos, en un primer documento, se contemplaron reformas a la Constitución del estado en materia de derecho a la identidad y de fuero; así como un segundo que modifica la Ley General de Hacienda y la Ley de Registro Civil.

“Con la aprobación del dictamen se garantiza el reconocimiento de toda persona en cuanto a su identidad y ser registrado desde su nacimiento y que la copia de su acta de nacimiento sea gratuita”, argumentó el vicepresidente de dicha Comisión, Elías Lixa Abimerhi.

En la discusión de los dictámenes, Villanueva Moo cuestionó al presidente del cuerpo colegiado, Henry Sosa Marrufo, del Partido Revolucionario Institucional (PRI) sobre las propuestas que realizó en materia de fuero, si se tomaron en cuenta, así como la de los demás diputados que presentaron observaciones.

Sosa Marrufo contestó que en las reuniones privadas que sostuvieron los integrantes de la Comisión, se consideraron todas las propuestas; pero la mayoría tenía muchas similitudes con las iniciativas originales; aclaró que lo importante no es quién la presente, sino cómo queda constituido el producto legislativo.

En el último punto, se dio el aval a la iniciativa para dejar sin efecto la Ley de Pensiones a ex gobernadores que una vez publicada en el Diario Oficial del estado entraría en vigor el primero de enero de 2018, para la siguiente administración estatal y en adelante.