ZEE para la reconstrucción

Carlos Meade
Foto: @PuertosYucatan
La Jornada Maya

Lunes 9 de octubre, 2017

Mientras miles de damnificados buscan cubrir sus necesidades básicas de techo y alimento, el gobierno y empresas disponen lo necesario para “traer el desarrollo” al sur y sureste mexicanos bajo el esquema, tantas veces cuestionado, del Plan Puebla Panamá (PPP), con el agravante que ahora está blindado por una ley que favorece a los intereses privados.

En años recientes se ha renombrado la propuesta original del PPP como Zonas Económicas Especiales (ZEE) e incluye a los estados de Veracruz, Hidalgo, Tabasco, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Chiapas, Campeche y Yucatán.

¿Cómo están definidas estas zonas? De acuerdo con la página electrónica de la Autoridad Federal para el Desarrollo de Zonas Económicas Especiales (AFDZEE), cada una será “un área delimitada geográficamente donde se ofrece un entorno de negocios excepcional”. Lo anterior quiere decir que las empresas tendrán enormes ventajas e incentivos con privilegios de cuatro tipos: beneficios fiscales, régimen aduanero especial, marco regulatorio “ágil”, infraestructura “competitiva” y programas de apoyo.

Si traducimos estos privilegios en términos de la cruda economía que se pretende impulsar, encontramos que los inversionistas tendrán generosos descuentos en sus impuestos, no pagarán aranceles, no tendrán condicionantes sociales, ni ambientales para sus proyectos y se beneficiarán de la infraestructura que establecerá el estado para facilitar la producción, comunicación y transporte. Adicionalmente, tendrán la “ventaja competitiva” de los salarios de hambre que perciben los trabajadores en este país.

Esta modalidad del desarrollo sigue un diseño creado por el Banco Mundial, el cual se ha establecido en diferentes lugares del mundo; entre otros, China, Filipinas, India y África. Los resultados, donde ya se han podido medir son muy cuestionables.

Se denomina ZEE “a una región geográfica que posee leyes económicas y de otro tipo que se orientan en mayor medida a una economía de libre mercado, que las leyes típicas de un país o nación. Las leyes de ‘alcance nacional’ pueden ser suspendidas dentro de una zona económica especial.”

Luego entonces, las leyes que rigen en una nación soberana (incluidos los derechos humanos), por el “beneficio del desarrollo”, pueden ponerse al margen para beneplácito de los inversionistas.

Bajo el estilo del BM para el tercer mundo, las ZEE no contemplan a las poblaciones afectadas sino como mano de obra barata y no como actores sociales que son dueños ancestrales de territorios, que tienen sus propios modelos económicos, sociales y culturales.

Como reacción inmediata, las muestras de descontento y movilizaciones de pueblos enteros no se han hecho esperar. En marzo pasado, por ejemplo, alrededor de 1,800 personas, habitantes del Istmo de Tehuantepec presentaron un amparo colectivo. Allí, en su calidad de pueblos indígenas, reivindican sus derechos y denuncian que la infraestructura que se pretende construir en sus territorios no ha considerado una consulta previa y, por tanto, esas obras cuentan con el consentimiento libre e informado que la propia ley establece como condición para su establecimiento.

Pero ahora, frente a la crisis que se vive en Oaxaca y Chiapas a raíz del sismo, todas esas inversiones que se anuncian para recuperar la infraestructura, muy bien podrían tener el sesgo de las ZEE para ir preparando el terreno a las más de 135 agresivas empresas que se pretende atraer.

En este contexto es necesario preguntarse si las implicaciones de esta ley en la península de Yucatán. De acuerdo al proyecto, no ahora, pero sí en una segunda fase, se pretende modernizar y ampliar la infraestructura portuaria en Progreso, Ciudad del Carmen y Champotón.

Aparentemente, Quintana Roo no entra en los planes, debido a sus índices engañosos de crecimiento económico, pero en realidad, representa ya una ZEE en pleno desarrollo, aunque limitada al turismo.

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