Jafet Kantún
Foto: Fernando Eloy
La Jornada Maya

Mérida, Yucatán
Miércoles 29 de agosto, 2018

Los pueblos indígenas ven obstaculizado el ejercicio de sus derechos humanos, por ello se recomienda a las autoridades federales homologar los criterios, reformar leyes y respetar las consultas en grandes proyectos, se indicó ayer martes durante la presentación del Informe de la Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas sobre su visita a México, realizado por la relatora especial de la ONU, Victoria Tauli-Corpuz, en su visita a México en diciembre del año pasado.

La presentación del documento tuvo lugar en las instalaciones del Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM (CEPHCIS), y estuvo a cargo de Rodrigo Llanes Salazar, investigador de dicho Centro; Bernardo Serrano González, oficial de Derechos Humanos de la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU; Cristina Muñoz Menéndez, de Grupo Indignación, y María Jesús Euán Barbosa, miembro de la comunidad de San José Tipceh.

En su visita a México, Tauli-Corpuz realizó más de 200 entrevistas en 18 entidades del país. Como producto emitió una serie de las recomendaciones ante una situación de derechos humanos de pueblos indígenas que no ha mejorado desde la anterior visita de un relator especial, la cual se dio en 2003.

Entre los mayores problemas que Tauli-Corpuz documentó se encuentran la falta de una categorización homogénea, ya que las autoridades utilizan distintos criterios para distinguir a quienes son “indígenas”, provocando una falta de consideración como tales a muchas personas y en consecuencia falta de que éstos puedan ejercer sus derechos como indígenas.

En su análisis destacó, que al igual que como fue valorado en 2003, existe un conflicto agrario entre las autoridades y los pueblos originarios y sus tierras.

Asimismo, grandes proyectos son impuestos a los indígenas sin que exista una consulta previa. Estos proyectos afectan negativamente a los pueblos indígenas y cuando éstos reclaman se llevan a cabo consultas no claras, inadecuadas y que muchas veces caen en amenazas, difamaciones y agresiones.

Los dos casos de Yucatán que aparecen en el informe de la relatora especial son ejemplo de este problema.

Un caso es la construcción de un parque fotovoltaico en Muna y Sacalum, en el que se pondrán más de un millón de paneles solares, a costa de la deforestación de la zona. Además, las autoridades presionan para que la consulta posterior al inicio del proyecto se apresure, y en adición se documenta que particulares ofrecieron dinero a ejidatarios mayas de la comunidad.

El otro caso, que corresponde a la plantación de transgénicos, tiene un fuerte impacto en el agua que utilizan comunidades mayas y en la actividad apícola de los pueblos originarios. Igual que en el caso anterior, se documenta que las autoridades amenazan e intimidan a los mayas negándoles sus derechos si se niegan a acceder en las consultas.

En este sentido, Bernardo Serrano González, afirmó que no porque no exista una ley de consulta se debe pasar por encima de los derechos de los pueblos indígenas y omitir este paso.

En el informe también se documenta que los planes de desarrollo gubernamentales no respetan la visión de desarrollo de los indígenas.

También se recomienda reformar la Constitución en lo tocante a los derechos indígenas, ya que aunque se considera a la nación como intercultural.

En la valoración, se critica que el Tribunal Agrario no responde a las quejas emitidas por los pueblos indígenas y que tampoco está respondiendo a las normativas internacionales en materia.

Llanes Salazar mencionó que la lucha de la ONU contra la discriminación de este grupo minoritario comenzó en el 2000 con el Foro Permanente de las Organizaciones Unidas en Cuestiones Indígenas; en 2001 se creó la primera figura del relator especial, y en 2007 se hizo la adopción de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, en la que Victoria Tauli-Corpuz fue una de sus impulsoras.


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