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Eduardo Lliteras Sentíes
Foto: Rodrigo Díaz Guzmán
La Jornada Maya

Jueves 11 de octubre, 2018

Yucatán se encuentra entre los estados reprobados por tener un presupuesto sin vigilancia, así lo señala el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) el que colocó al estado de Yucatán entre las 15 entidades (de los 32 Estados del país) reprobadas en sus obligaciones de transparencia presupuestaria marcadas en la Ley General de contabilidad Gubernamental. Además, Yucatán cayó de la posición 9 a la 21 a nivel nacional en su calificación en sus obligaciones de transparencia en 2018, lo que evidencia la falta de vigilancia por parte del Congreso local y del INAIP. La calificación de Yucatán fue de 52.1 por debajo del promedio nacional de 58.7.

El IMCO descubrió que el gobierno de Rolando Zapata Bello gastó 9 por ciento más en gasto burocrático, y 172 por ciento más de lo programado en ceremonias oficiales; sin embargo, gastó 13 por ciento menos de lo presupuestado en comunicación social y 77 por ciento menos de lo presupuestado en materia de infraestructura. En esta última materia, en 2017 se presupuestaron 1,725 millones de pesos, pero se gastaron apenas 325, señala el IMCO ¿Qué se hizo con el resto del dinero?

El aparato burocrático de Rolando Zapata era (y es aún) el que consume la mayor parte del dinero del erario. Hablamos de salarios, materiales y servicios generales, donde los moches eran moneda común, además. De hecho, Yucatán se cuenta entre las 26 entidades del país que el IMCO descubrió que gastaron más de lo presupuestado sin que el Congreso de Yucatán dijera nada.

Asimismo, Yucatán se cuenta entre los 12 estados de la República que gastaron en sueldos y salarios más de lo aprobado, de allí que la nómina estatal esté inflada.

Por ejemplo. Yucatán, señala el IMCO, ejerció en ceremonias oficiales durante 2017 un monto equivalente al 97 por ciento de su gasto en infraestructura.

Por si fuera poco, Yucatán se cuenta entre las 6 entidades del país (con Tabasco, Guerrero, Michoacán, Nayarit y San Luis Potosí) que incumplieron los plazos para la publicación de su información financiera, y que omitieron publicar en los plazos legales establecidos la información financiera evaluada de al menos un trimestre del ejercicio fiscal 2017. Esto sin que tampoco alzaran la voz los consejeros del INAIP.

[b]Inflar gastos[/b]

Lo que sucede es que los gobiernos de los estados prefieren inflar el gasto corriente que pagar sus obligaciones financieras. Es decir, como el gobierno que recién dejó el poder viven en la fiesta a cuesta de las futuras generaciones, lo que además se traduce en pobreza. Por eso en Yucatán la pobreza se mantiene, gobierno tras gobierno, a pesar de las cifras maquilladas.

“Las entidades subestiman sus ingresos, gastan más de lo presupuestado y se endeudan por arriba de lo planeado. La falta de acción por parte de los congresos locales es una muestra de que no son un contrapeso real para los gobernadores y sus secretarías de finanzas”, advierte el documento del IMCO. Con los informes trimestrales de gasto, los congresos están en posibilidad de detectar variaciones injustificadas desde el primer trimestre del año y llamar a rendir cuentas a los ejecutivos estatales. Pero no lo hacen, evidentemente, como sucedió con la anterior legislatura que se despidió con bombos y platillos autocalificándose como la más productiva. Por ello estamos ante una mala planeación de las secretarías de finanzas locales, las que no tienen contrapesos legislativos, advierte el IMCO, y hacen lo que quieren con el dinero público.

Los estados replican las malas prácticas del gobierno federal: mala planeación y ejecución del gasto público, y los congresos locales no son contrapeso de las secretarías de finanzas estatal.

De allí que el problema no sea una cuestión de escasez de recursos, ya que en 2017 los poderes ejecutivos estatales recaudaron 319 mil 753 millones de pesos más de lo estimado (18 por ciento más). Lo que pasa es que además hay una subestimación sistemática de los recursos estatales, señala el IMCO, por parte de las autoridades. Los ingresos excedentes permiten un mayor gasto; sin embargo, al no estar debidamente regulados, existe un margen para su uso discrecional. Es decir, los ingresos excedentes son un cheque en blanco para los gobiernos estatales, y lo usan en lo que quieren, como dar trabajo a los amigos y desviar recursos a obras faraónicas e infladas, que permiten el desvío de dinero para su bienestar personal.

En 2017, 14 entidades gastaron menos de lo aprobado para infraestructura, entre éstas, se cuenta Yucatán. ¿En qué lo gastaron? En gasto corriente, fundamentalmente en nóminas de burócratas. Dar chamba a los cuates.

El IMCO puntualiza que los estados no gastan lo que dicen que van a gastar: sobreejercen recursos en partidas no prioritarias como viáticos, publicidad oficial, ceremonias, entre otras. Esto es lo que pasó con el gobierno de Rolando Zapata Bello de forma sistemática. Y ahora el gobierno de Mauricio Vila se apresta, según dijo el gobernador, a dar a conocer el estado de las finanzas estatales la próxima semana en el consejo ciudadano creado para su manejo. Claramente el nuevo gobierno tiene mucha tela de dónde cortar.

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