Por un México más próspero, seguro y justo

Necesario un Estado financieramente sólido

Francisco J. Hernández y Puente*
Foto: twitter @GobiernoMX
La Jornada Maya

Miércoles 15 de mayo, 2019

Algunos pensábamos que con la publicación del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2014 se despejarían la dudas de lo que el presidente López Obrador y su Cuarta Transformación pretenden hacer del país, más allá de la inmediatez y el corto plazo. A final de cuentas, aunque la planeación en México siempre termina por ser una práctica sumamente discrecional, en la mayoría de los casos marca el rumbo de lo que cada administración busca en el largo plazo.

Así ocurrió en el cardenismo con el plan sexenal que trascendió el horizonte de seis años y que encaminó al país por la ruta de la industrialización y la consolidación del mercado interno. La política económica que inició entonces y que retomaron los gobiernos de la posguerra transformó a México de un país agrario-exportador a uno semi-industrial y urbano en cuatro décadas.

Así fue también durante los gobiernos de los presidentes De la Madrid y Salinas de Gortari, que inauguraron la época del neoliberalismo, colocando a México en la ruta del crecimiento hacia afuera, y con un aparato estatal adelgazado no interventor, según estipulaba la receta de lo que después se conoció como el Consenso de Washington. México se insertó en la nueva globalización como país abierto al libre comercio con un Estado que, se pretendía, sería más pequeño y a la vez más eficiente, cosa que no ocurrió.

¿Qué propone la 4T en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024?, ¿hay en él una propuesta de largo plazo, más allá de la inmediatez y la coyuntura?

En el documento de PND se ordenan de algún modo los planteamientos que ya conocíamos y que han constituido la oferta gubernamental desde la campaña presidencial y los primeros meses de gobierno. Señala que hay una propuesta para la transformación del país para el bienestar de todos los mexicanos, y que las estrategias que se definen están encaminadas a atender a fondo las causas que han impedido el desarrollo nacional. En suma, se propone “Un México más próspero, seguro y justo”.

El documento sostiene que el modelo de desarrollo para impulsar estos propósitos requiere dos condiciones para lograrlo: 1) un Estado de derecho funcional que pueda garantizar a todos plenamente el ejercicio de sus derechos humanos y que la ley se aplique a todos por igual; y 2) una democracia vigorosa basada en instituciones y mecanismos democráticos, representativos y participativos para que la población “se erija en el timonel del destino nacional. Así, el Estado retoma su responsabilidad de garantizar la justicia y el cumplimiento de la ley, empezando por ser el primero en actuar conforme a derecho.”

El desarrollo nacional, en consecuencia, se sustentará, según el Plan, en acciones coordinadas en tres pilares:

Uno. Al fianzar la justicia y el Estado de Derecho para que el gobierno sea garante de los derechos humanos establecidos en la Constitución y para construir un país donde impere la ley y la justicia.

Dos. Garantizar el goce de los derechos sociales y económicos establecidos en la Constitución.

Tres. Incentivar un desarrollo económico dinámico, equilibrado, sostenible y equitativo que amplíe las capacidades, presentes y futuras de todas las personas.

Recuperar las capacidades del Estado

Nadie, en su sano juicio, puede estar en contra de lo anterior. Se trata de una propuesta que pretende recuperar las capacidades que el Estado mexicano fue perdiendo, primero por los afanes privatizadores del neoliberalismo que dieron paso a un papel más preponderante del mercado, y luego, por la infiltración del crimen organizado en el interior de sus instituciones. No se trata pues de una tarea sencilla, el problema es cómo llegar a ese punto, sobre todo si se considera que en los primeros cinco meses del nuevo gobierno se ha hecho evidente que el Presidente heredó un país con un Estado virtualmente quebrado, que ni siquiera puede llevar a cabo sus funciones básicas de garantizar la seguridad y la integridad de los ciudadanos.

En estos cinco meses el nuevo gobierno ha insistido en que los recursos que se necesitan se obtendrán del combate a la corrupción, de la austeridad y de un sistema recaudatorio que se pretende más riguroso, pero lo cierto es que, aunque todas esas medidas están en marcha, se han tenido que operar recurrentes recortes al gasto corriente para hacer frente a necesidades inmediatas, como las de atención a los programas sociales puestos en operación.

El primer trimestre del año 2019 ha registrado un crecimiento casi de cero, y todos los pronósticos apuntan a que la economía no crecerá en este año más allá de 1.5 o 1.6 por ciento, por debajo incluso de la primera estimación oficial que lo ubicaba en dos puntos porcentuales. Se ha hecho evidente en estos primeros meses de gobierno que el dinero obtenido por esas vías es insuficiente para impulsar los proyectos de infraestructura anunciados y los programas de corte social más importantes de la administración.

Ante estas circunstancias y evidencias, no sólo es necesaria sino urgente una reforma fiscal que permita aumentar la inversión pública en infraestructura, cerrar brechas de desigualdad y hacer más equitativa la distribución del ingreso. Sin una reforma que fortalezca financieramente al Estado no habrá capacidad de acción contracíclica. No podrá diseñarse una política social seria orientada a crear un sistema de protección y seguridad social universal. No habrá modo de poner en práctica una política industrial moderna de innovación y desarrollo tecnológico, con un papel importante de la banca de desarrollo.

Estos son los contenidos básicos de cualquier programa de un gobierno progresista, socialdemócarta que se pretenda de izquierda, y que por cierto no están en el plan de desarrollo. La prosperidad, la seguridad y la justicia de un pueblo entero, que ronda los 125 millones de habitantes, requieren de un Estado políticamente fuerte, pero, sobre todo, de un Estado financieramente sólido, y es a lo que aparentemente se renuncia en el PND, al señalarse que no habrá una reforma hacendaria.

*Profesor del CEPHCIS-UNAM

Mérida, Yucatán
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