Jairo Magaña
Foto: @CulturaColectiv / Twitter
La Jornada Maya
San Francisco de Campeche
Jueves 15 de agosto, 2019
En conferencia de prensa en las instalaciones de la Curia Diocesana, el encargado de la vinculación con los medios de comunicación, Gerardo Casillas García, leyó la carta del Episcopado Mexicano y aseguró que están en contra de las prácticas abortivas controladas en los hospitales públicos del país, pues argumentaron que la permisión sólo con palabra de las interesadas no asegura que haya sido víctima de una violación. A pesar de esto, señalaron también que con o sin el terrible acto de una violación, están en contra de estas prácticas.
El representante del catolicismo en Campeche no desestimó que existan los embarazos a través de este delito, pero dijo que al igual que el episcopado, consideran que la naturaleza del delito proviene de otros conceptos y por ende, el aborto no es la solución, sino que solo será usado como una posible herramienta para bajar los números alarmantes en embarazos juveniles y demás.
Priorizando en todo momento que el juramento a palabra de las afectadas que soliciten el servicio de un legrado en cualquiera de las instituciones públicas del país no es suficiente, hicieron énfasis en la necesidad de buscar alternativas no abortivas y que además no pongan en riesgo la vida de las jóvenes y adolescentes que sufran de éste terrible momento pues no lo desean a nadie.
Este posicionamiento destaca principalmente la norma mexicana sobre la violencia familiar y sexualidad contra las mujeres, donde señalaron textualmente: “ésta norma expresa un interés plausible para atender de manera integral a personas que han sido victimas de violencia física familiar y sexual, en caso específico en el tema de violación sexual lo resuelvan con una intervención médica, el aborto”.
En esta norma señalan que las instituciones de salud pública están obligados a atender a pacientes cuando las mujeres bajo la protesta de decir verdad manifiesten que fueron agredidas sexualmente, sin la necesidad de que las afectadas hayan levantado una denuncia formal ante el Ministerio Público –aquí es donde encuentran los problemas a la norma que ya fue avalada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación-.
El también presbítero, dijo que esperarán en los próximos días algún posicionamiento del episcopado para interponer en su caso un recurso de amparo y reunirse con autoridades federales para tratar el tema de manera pacifica.
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