Jairo Magaña
Foto: Fernando Eloy
La Jornada Maya
San Francisco de Campeche
Jueves 22 de agosto, 2019
El diputado independiente, Luis Alonso García Hernández, exigió a la Secretaría de Contraloría (Secont), a la Fiscalía Anticorrupción del Estado e incluso al gobernador Carlos Miguel Aysa González, aclarar la situación de las 80 unidades que dejaron de ser utilizadas y que quedaron en resguardo de un particular en la capital. El petista Antonio Gómez Saucedo afirmó que lo cuestionable ahora es que si les ofrecieron dichas unidades a un costo proporcional, debieron adquirirlas para evitar un gasto mayor.
El ex perredista afirmó que las autoridades deben aclarar desde cuándo dejaron de prestar su servicio estas unidades a la ciudadanía, además del porqué no quisieron renovar contrato de las mismas, ya que dejaron a los ciudadanos sin protección mientras los robos y asaltos continúan en aumento, todo, porque ahora estarán buscando recursos extras para adquirir nuevas unidades.
Dijo que es evidente la incompetencia del secretario de Seguridad, Jorge Argaez Uribe, así como la negligencia del gobernador del estado, pues sabían el caso de estas patrullas ya que este último era el primer respondiente del Ejecutivo Estatal en las cuestiones de seguridad pues era el secretario general de Gobierno antes de ocupar la gubernatura.
Además pidió a los demás diputados que cuestionen lo sucedido, que no sean comparsa del gobierno del Estado el cual controla al Poder Legislativo, pues también debieron aprovechar las comparecencias para realizar cuestionamientos obligados y no lo hicieron, principalmente los diputados de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), quienes ocuparon el foco mediático para acusar algo que ya sabían y que no supieron evadir.
Por su parte el diputado del Partido del Trabajo, Antonio Gómez Saucedo, lamentó lo raro del tema pues sólo crea más dudas a un gobierno que no ha tenido los resultados esperados y que hora los cuestionamientos van en consideración del precio de remate de dichas unidades y el por qué no decidieron adquirirlas pues éstas subieron con su propio motor a las unidades que las transportarían a Jalisco.
Incluso dijo que según el contrato del Leasing, estaba estipulado que al término del arrendamiento las unidades podrían ser adquiridas a quien contrató sus servicios por un costo del 10 por ciento original de solo las unidades y lo que celebraría un nuevo contrato, sólo iba a ser el equipamiento de las unidades, pero no aceptaron dicho trato y eso es cuestionable, dado que la entidad está sumamente endeudada y era una oportunidad para adquirir patrullas menos costosas.
“No podemos quitar el dedo del renglón y permitir que pase desapercibido, no vamos a pelear o a discutir las decisiones pero si podemos cuestionar lo que a nuestro parecer pudo haber sido un ahorro significativo en las finanzas de la entidad con la situación económica que vive el Estado”, sentenció.
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