Oaxaca, antiderechos y la marea verde en el país

Se convirtió en la segunda referencia nacional donde las mujeres pueden abortar legalmente

Katia Rejón
Foto: Twitter @CongresoOaxLXIV
La Jornada Maya

Martes 29 de octubre, 2019

"No me interesa el costo político. Si éste fuera mi último cargo, hice lo que tenía que hacer: defendí el derecho de las mujeres", dijo Hilda Pérez Luis, diputada de Morena en Oaxaca a casi 200 mujeres con pañuelos verdes reunidas en la capital del país para el Encuentro de Sentencias por Aborto en México. Las asistentes, entre comunicadoras y abogadas, aplaudimos por, al fin, oír a una funcionaria pública pronunciarse abiertamente a favor del aborto, pero sobre todo consciente de que el servicio público es para las personas y no para la carrera política.

Hilda fue una de las diputadas que impulsó la iniciativa para despenalizar el aborto en Oaxaca y la invitada principal al acto inaugural que contestó las preguntas de Regina Tamez, directora del Grupo de Información en Reproducción Elegida A.C. (GIRE), organización convocante, y de las mujeres de 20 estados del país.

Oaxaca, con casi 4 millones de habitantes, se convirtió en la segunda referencia nacional donde las mujeres pueden abortar legalmente antes de las 12 semanas. Desde la anécdota y el pulso firme de la situación particular del estado, Hilda Pérez contó que antes de la votación hubo un trabajo de sensibilización a los diputados. El que ellos conocieran el contexto de lo que vivían las oaxaqueñas fue fundamental para que el sentido de su voto fuera informado, algo que debería aplicarse para cualquier otro tema social que se vote en los legislativos mexicanos.

La información fue importantísima en la despenalización de Oaxaca, pero también en el Encuentro. GIRE existe desde 1992 pero en los últimos años ha publicado informes relacionados con los derechos sexuales y reproductivos a nivel nacional. Compartieron que de enero del 2007 a diciembre del 2016, más de 4 mil personas fueron denunciadas por aborto, sobre todo en Baja California, Nuevo León, Hidalgo, Ciudad de México y Veracruz; 228 fueron sentenciadas y 44 mujeres estuvieron en prisión preventiva, además de las 17 mujeres que hay en prisión definitiva.

Pero éstas son sólo algunas de las consecuencias de un problema todavía más complejo. En todas las mesas se compartió información legal, de salud pública, jurídica y social con perspectiva de derechos humanos, pero también desde la experiencia de personas que han trabajado en distintos ámbitos sobre el tema. Participaron políticas, activistas, abogadas de instancias públicas y privadas, como Marta Lamas, Citlali Hernández, Thelma Gómez, Daniela Tejas Miguez, Fernando Sosa, entre muchos otros.

A diferencia de los encuentros de la contraparte, aquí no hubo referencias religiosas ni opiniones basadas en la moralidad o la utopía, sino opiniones informadas y ancladas en las historias más crudas, comunes y reales de lo que pasan las mujeres del país. La misma diputada Hilda Pérez contó cómo los grupos antiderechos hicieron procesiones respaldados por el arzobispo, entraron al recinto legislativo con imágenes religiosas y los sermones de las Iglesias, desde dos semanas antes de la discusión; eran cátedras contra el aborto.

Se habló de la objeción de conciencia y cómo los médicos del país aún desconocen sus obligaciones y derechos que involucran la Norma 046. De esta misma norma federal conocida por ser el elemento legal más fuerte para que las mujeres accedan al derecho de aborto en caso de violación, y aún así, hay casos en los que se obstaculiza este derecho.

En México se cometen al menos 600 mil delitos sexuales al año; nueve de cada 10 víctimas son mujeres y cuatro de 10 son menores de 15 años; la mayoría de los agresores son conocidos o familiares de las víctimas y sólo se denuncia el 10 por ciento de estos actos.

Daniela Tejas Miguez, de la asociación Fondo Marí, invito a pensar en otros panoramas más allá de la Ciudad de México y Oaxaca. Recordó que cada estado tiene contextos diferentes y se suele pensar que la Ciudad de México es el siguiente paso para todas las demás, pero sólo es el mínimo. Hay mujeres, comentó, que aún viviendo en la capital no tienen tanta accesibilidad a las ILEs (Clínicas de Interrupción Legal del Embarazo).

Lo mismo dijo Marta Lamas a proponer mirar en otros países, como Inglaterra, donde el aborto es legal hasta las 24 semanas, pues la ciencia ha demostrado que es hasta ésta cuando el feto comienza a tener sensaciones. Aclararon que el límite exacto del aborto legal en la capital es de 12.6 semanas, a menos que sea por producto de una violación.

Lo que enriqueció el encuentro fue la participación de las asistentes, quienes compartieron el contexto de sus estados. Una periodista de Guerrero comentó que en ese estado con Alerta de Género se capacita a personal de la Secretaría del Trabajo con la Norma 046 sólo para rellenar. Y que hay casos en los cuales las mujeres que acceden al aborto legal son obligadas a cargar con el producto como si fuera una muerte e incluso les dan certificado de defunción.

"Pareciera que la corrupción sólo es llevarse dinero, pero la corrupción también es no hacer lo que tendrían que hacer legalmente. Por eso cuando dicen: vamos a interlocutor con el Estado, ¿con cuál Estado, pues? ¿con qué Congreso podemos tener un acercamiento? Los contextos locales tenemos que tener una lectura aparte", dijo.

Yucatán no se quedó atrás, y el hecho de que sólo 11 mujeres hayan accedido al derecho de aborto legal, a pesar de que la causal de violación esté desde hace más de 80 años, fue parte de la discusión. Tanto como el desamparo que existe en cuanto a representantes políticos informados y sensibilizados con el tema y que incluso hay diputados como Rosa Adriana Díaz Lizama que hace un trabajo inverso en relación con los derechos humanos.

Salimos del encuentro sabiendo que hay distintos contextos en cada uno de los estados, pero que los obstáculos son los mismos: corrupción, desinterés en informar, una prensa a la que le falta profundizar en estos temas, que no hay opinión pública crítica, servidores públicos que trabajan con agendas antiderechos, pero sobre todo una marea verde que viene con todo y a todas partes.

Mérida, Yucatán
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