Juan Manuel Contreras
Foto: Afp
La Jornada Maya
Mérida, Yucatán
Jueves 28 de noviembre, 2019
La semana pasada, el diputado de extracción panista Manuel Díaz Suárez presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa relativa al ejercicio profesional de los cirujanos plásticos, para que se certifique a quien ofrezca este servicio y se pene con cárcel a quienes ejerzan esta profesión sin estar capacitado. La propuesta fue aprobada con 23 votos a uno.
Díaz Suárez, presidente de la Comisión de Salud y Seguridad Social, señaló que, durante los últimos tres años, en Yucatán se han documentado cinco muertes de pacientes a manos de personas sin la especialidad regulada en ese ámbito, situación que se trata de evitar con esta reforma al Código Penal del estado.
También se contemplan sanciones para los directores, encargados o responsables y administradores de dichas y supuesta clínicas, centros o quirófanos que permitan actividades relacionadas a la cirugía plástica, estética y reconstructiva, y no cuenten con los requisitos establecidos en los artículos 78, 79 y 272 Bis de la Ley General de Salud.
En el debate sobre el dictamen, que fue aprobado por el Pleno del Congreso, el médico habló a favor y señaló que con las reformas se establecen sanciones que van de seis meses a tres años de prisión, y de cincuenta a 200 días multa a quien lleve a cabo un procedimiento quirúrgico sin contar con los requisitos establecidos en la Ley General de Salud.
“Como bien saben, nuestro estado está creciendo y consolidándose como un destino de turismo médico, debido a la alta calidad de sus servicios de salud, sin embargo, ante este escenario, algunos han intentado aprovechar y sacar ventaja, ejerciendo una especialidad de la medicina como es la cirugía plástica sin poseer los requisitos o mínimos establecidos en la ley”, advirtió.
Según datos de la Asociación Mexicana de Cirujanos Plásticos, por cada cirujano plástico con su debida especialidad y certificación, existen entre 10 y 20 realizando procedimientos estéticos quirúrgico sin especialidad o sin el mínimo adiestramiento o conocimiento que exige la ley.
Columba López explicó que la protesta se originó por una baja en el precio del producto
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