Juan Manuel Contreras
Foto: Enrique Osorno
La Jornada Maya

Mérida, Yucatán
Martes 3 de diciembre, 2019

La semana pasada, la diputada morenista Leticia Varela Martínez presentó ante el Congreso capitalino una propuesta en donde contempla varias medidas para los animales, entre ellas, que todos los dueños de mascotas las registren en un padrón, lo que ocasionaría que los veterinarios nieguen la atención a los animales que no estén registrados.

La llamada Ley Varela ocasionó incomodidad entre el gremio de zootecnistas, incluyendo al de Yucatán, pues agremiados al Colegio de Médicos Veterinarios de Pequeñas Especies (Comevepey) se manifestaron en contra de la iniciativa a través de un comunicado en el que se solidarizan con sus colegas del centro del país.

Dicha propuesta contempla también la formación de una Comisión para el Bienestar Animal, la cual estaría constituida por un panel de tres rescatistas de animales, que según argumentan, no cuentan con los conocimientos médicos necesarios. Ellos serían los encargados de vigilar, regular y calificar a las clínicas veterinarias.

En el documento emitido el día de hoy, la Comevepey se posiciona tajantemente en contra de esta medida, pues considera que la llamada Ley Varela “es incongruente, absurda y va en contra de nuestra práctica profesional”.

“Los médicos veterinarios debidamente cedulados y titulados no pueden ser evaluados en ningún momento de su práctica profesional por un ciudadano que no posea los mismos conocimientos académicos y mucho menos por personas que van tras un disfraz de animalistas”, sentencia la misiva firmada por el presidente de esa asociación, Roberto Echeverría Ramos.

Los afiliados a ese organismo yucateco se solidarizan con sus colegas capitalinos y advierten que los “animalistas” pretenden apoderarse de los animales y decidir sobre su libertad.

Entre las propuestas de la Ley Varela también figura una que reza que todos los animales de compañía deberán ser esterilizados obligatoriamente, sin excepción, o su posesión sería ilegal y serán confiscados por la ya mencionada Comisión, lo que para expertos del ramo causaría la extinción de todas las razas caninas y felinas en un plazo no mayor a 20 años.


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