Gobierno de Alberto Fernández propone medidas anticrisis

Stella Calloni
Foto: Afp
La Jornada Maya

Buenos Aires, Argentina
Martes 17 de diciembre, 2019

El gobierno del presidente argentino, Alberto Fernández, anunció ayer un bono de cinco mil pesos (unos 83.69 dólares) para todos los jubilados, que se pagará en próximos días, y acordó con las cámaras farmacéuticas rebajar ocho por ciento y congelar los precios de los medicamentos al menos hasta el 31 de enero; dispuso otras medidas claves como aplicar 30 por ciento de impuesto a la compra en dólares y revisar el impuesto a las exportaciones de las empresas rurales, que suspendió la administración de Mauricio Macri, permitiendo además que pagaran en las fechas que desearan, lo que enriqueció sustantivamente a ese sector en desmedro de la población.

Fernández y el ministro de Salud, Ginés González García, se reunieron con representantes de las cámaras farmaceúticas y los laboratorios locales y extranjeros para que rebajen los precios al nivel del 6 de diciembre, cuando se volvieron a disparar.

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, confirmó la aplicación del impuesto de 30 por ciento para las compras en moneda extranjera, medida destinada a incentivar el turismo local, que es algo que queríamos hacer porque es una actividad muy dinámica que en este momento genera empleo estacional, pero es empleo al fin y es importante.

El impuesto de 30 por ciento alcanzaría también a los servicios de suscripción como Netflix o Spotify, y plataformas de hospedaje como Airbnb. Cafiero aclaró que no habrá ninguna restricción para los que decidan viajar al exterior.

Por otra parte, las cuatro entidades de productores rurales que integran la Mesa de Enlace –que se formó en 2008, cuando hicieron un paro golpista de cuatro meses (marzo a julio) contra la entonces presidente Cristina Fernández de Kirchner– rechazaron ayer la readecuación del Ejecutivo sobre los impuestos al agro, pero aseguraron que continuarán dialogando con el gobierno.

En el contexto de la emergencia económica el gobierno incluyó un capítulo que ataca la economía en negro y aplicará penas a la corrupción en las empresas, así como el establecimiento de una tasa de castigo a las compañías que retiren dinero en efectivo por caja o cajero automático y faculta al Poder Ejecutivo Nacional (PEN) a extinguir o rebajar contribuciones a las Pymes que mejoren salarios. Habrá revisión de tarifas y devolución del IVA a beneficiarios de planes sociales.

En el proyecto enviado al Congreso se faculta al PEN a rehacer el marco de revisión tarifaria a efectos de frenar el impacto en distintos sectores de la población y a revisar e intervenir en la actuación de entes reguladores y a conceder una amplia moratoria a las Pymes. Todas las deudas entrarán en un nuevo plan a seis meses para empezar a pagar.

Se busca autorizar al Ejecutivo a establecer acuerdos bilaterales con las provincias para la suspensión de los efectos del llamado consenso fiscal que obligaba a las provincias a reducir impuestos, entre ellos ingresos brutos.

En otro ámbito, la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, confirmó que se revisan los polémicos protocolos que impulsó su antecesora, Patricia Bullrich, entre ellos el que disponía el uso más libre de armas de fuego; el que posibilitaba a los agentes de fuerzas de seguridad a exigir el documento de identidad en los transportes públicos, en las calles, como sucedía durante la pasada dictadura y el tema de la compra y el uso de pistolas Taser. Además, derogar la autorización para el derribo de aviones sospechosos, entre , entre otros.

Bullrich tenía asesores de inteligencia de Estados Unidos e Israel, país que visitó poco antes de dejar su cargo y al que compró armas y equipos como las lanchas artilladas que patrullan la frontera noreste del país.