Jairo Magaña
Foto: Fernando Eloy
La Jornada Maya
San Francisco de Campeche
Jueves 9 de enero, 2020
En conferencia de prensa, el titular de la Fiscalía General del Estado de Campeche, Juan Manuel Herrera Real, resaltó que el proceso de investigación en el caso de las amenazas contra el presidente de la junta municipal de Seybaplaya no descarta algún tipo de ajuste de cuentas y problemas personales, dadas las pruebas presentadas por los afectados ante la Fiscalía, argumentando también que tomarán en cuenta los indicios de un préstamo solicitado a una organización colombiana.
Entre las pruebas entregadas mencionó un mensaje que le hicieron llegar al número personal del presidente de la junta municipal de Seybaplaya, así como las declaraciones de los propietarios de dos vehículos que estuvieron estacionados en el palacio municipal de dicho poblado y el sábado cuatro de enero fueron atacados con arma de fuego.
Respecto a la posibilidad de que se trate de actos de presión por parte de una organización de agiotistas, de los que se han tenido antecedentes violentos en la entidad, mencionó que no descarta la posibilidad, según los declarado por los afectados, pero hay una línea investigadora que seguir y por ende no puede haber mayor información, mucho menos realizar juicios sin pruebas.
Refirió que por lo pronto se tomarán en cuenta las pruebas, declaraciones y lo que surja en cuanto al caso, pues podría haber varios motivos para el ataque a los funcionarios públicos de dicha demarcación.
[b]Homicidas vinculados a proceso[/b]
El tema general de la conferencia del fiscal fue para dar a conocer la vinculación a proceso de dos homicidas en la entidad; el primero, reconocido con las iniciales M.F.C.Ch, por delito de homicidio calificado contra una joven estudiante y madre en la colonia Kanisté, cuyo cuerpo fue hallado en la carretera federal Seybaplaya-Campeche en 2018, aunque el homicidio fue en 2016.
También fue vinculado a proceso A.J.H., del municipio de Escárcega, quien en riña golpeó en repetidas ocasiones a su compañero de parcela, resultando en homicidio calificado. Ambos encausados estarán en prisión preventiva, como medida cautelar, en el Centro de Reinserción Social San Francisco Kobén, mientras duren sus respectivos procesos.
El organismo exigió la reparación de daños personales e institucionales, así como el respeto a la autonomía universitaria
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