Gustavo Castillo García
Foto: Reuters
La Jornada Maya
Ciudad de México
Miércoles 5 de febrero, 2020
El gobierno federal impulsará la creación de una ley que regule la actuación de las aplicaciones electrónicas que ofrecen servicios de alertas sísmicas, señaló el titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil, David León López.
Durante la presentación de la Agenda de Riesgos de Desastres 2020, aseveró que los sistemas que se pueden descargar en los teléfonos celulares “provocan sobrealertamientos y falsas alarmas que generan desorden, pánico, miedo y, en consecuencia, desconfianza en la autoridad”.
Refirió que las aplicaciones desacreditan el trabajo institucional y los sistemas de alerta sísmica de la Ciudad de México y los que poseen otras entidades. Ante la carencia de una ley federal que regule esos instrumentos, se busca que los avisos se emitan de manera adecuada y permitan a la sociedad tomar decisiones en el momento justo.
En la conferencia de prensa en que estuvieron presentes representantes de diversas instituciones gubernamentales que participan en la prevención de desastres, León López mostró que en la agenda para este año se trabaja para alertar y minimizar las consecuencias de diversos fenómenos naturales, entre ellos tormentas de nieve y eléctricas, heladas, ondas gélidas, tornados, inundaciones, deslizamiento de laderas, sismos, incendios forestales y los derivados de la actividad volcánica en el país.
Como parte de las tareas de prevención, mostró que se ha trabajado en la integración de dos mil 487 atlas de riesgo básicos municipales, y se han conformado 10 mil comités comunitarios. Asimismo, 10 mil jóvenes que tomaron parte del programa Construyendo el Futuro ahora ya laboran formalmente en las coordinaciones de protección civil.
El coordinador nacional de Protección Civil señaló que más de 66 millones de mexicanos viven en zonas con actividad sísmica, 77 millones en lugares proclives a inundaciones, nueve millones en regiones que podrían ser afectadas por ciclones, más de 200 mil en territorios donde se debe prevenir deslizamiento de laderas y dos millones de ciudadanos que podrían verse afectados por actividad volcánica.
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