La Jornada Maya
Foto: Gobierno del Estado de Yucatán
Mérida, Yucatán
Viernes 14 de febrero, 2020
El estado de Yucatán obtuvo las calificaciones más altas de todo el país en el Índice de Estado de Derecho en México 2019-2020; este último estudio se basa en encuestas a más de 25 mil 600 ciudadanos y 2 mil 600 expertos, que evalúan el grado de adhesión al Estado de Derecho.
El Índice de Estado de Derecho en México mide ocho factores: límites al poder, ausencia de corrupción, apertura del gobierno, garantías a los derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio y justicia civil y penal.
Según este estudio, a nivel nacional, Yucatán ocupó el lugar 1 de 32, con una calificación de 0.46, mientras que el promedio nacional fue de 0.39. El estado tuvo un crecimiento respecto a la última medición. Los rubros en los que mejor fue evaluado Yucatán fueron “garantías a los derechos fundamentales”, con una puntuación de 0.54, y “orden y seguridad”, con 0.73, superando por 0.36 puntos el promedio nacional (0.37), casi el doble.
En el rubro “límites al poder gubernamental”, que no es otra cosa que gobernar con los ciudadanos, Yucatán obtuvo un puntaje de 0.47 superando por 0.04 puntos el promedio nacional (0.43) y ubicándose en el lugar 4 a nivel nacional.
En “ausencia de corrupción”, el estado tuvo un puntaje de 0.40 superando por 0.04 puntos el promedio nacional (0.36) y ubicándose en el lugar 7 a nivel nacional, y en “Cumplimiento Regulatorio”, un puntaje de 0.39 superando por 0.02 puntos el promedio nacional (0.37) y ubicándose en el lugar 10 a nivel nacional.
El Índice de Estado de Derecho en México 2019-2020 es la segunda edición del único índice subnacional producido por el Proyecto de Justicia Mundial (WJP, por sus siglas en inglés), y constituye una de las mediciones más completas sobre el desempeño institucional en el país.
Este Índice utiliza el mismo marco conceptual y metodológico que el WJP ha utilizado a nivel global, el cual fue adaptado para reflejar la realidad nacional y mide la adhesión al Estado de Derecho en cada uno de las 32 entidades del país. Fue presentado ayer, 13 de febrero.
Los servidores públicos afectados son Hugo Aguilar Ortiz, Lenia Batres Guadarrama y Giovanni Figueroa Mejía
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