Arquidiócesis impone cuotas a sacerdotes en la CDMX

Gustavo Castillo García
Foto: Cuartoscuro
La Jornada Maya

Ciudad de México
Lunes 2 de marzo, 2020

Sacerdotes de la Ciudad de México están inconformes con las medidas económicas impuestas por su Arquidiócesis, que desde enero los obliga a pagar cuotas fijas por cada iglesia o capilla que administran. Aseguran que la decisión se tomó sin conocer la situación financiera que priva en cada templo, lo que afecta su labor pastoral.

Entre las medidas, los están obligando a dar toda su información fiscal y bancaria. Ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) son representantes legales de los templos a los que están asignados, pero en términos personales temen que sus cuentas puedan ser utilizadas para operaciones ilegales como lavado de dinero, ya que las cuentas y claves de acceso otorgadas por el SAT son de uso exclusivo de cada contribuyente.

Los presbíteros revelaron que mediante el decreto denominado [i]Reordenación económica de las diversas estructuras de la Arquidiócesis de México[/i], que entró en vigor el primero de enero de este año, se modificó el sistema y monto de aportación que cada uno tenía que entregar a la curia.

Antes, tal contribución consistía en 10 por ciento de lo que ellos reportaban como ingresos mensuales, sin mayor supervisión. Ahora, la Arquidiócesis, que dirige el cardenal Carlos Aguiar Retes, para tener pleno control financiero de los recursos de cada parroquia y capilla impusó, mediante contrataciones directas, a contadores, secretarias y colaboradores.

[b]Amenazan con removerlos[/b]

De ese modo, hoy las cuotas que obligadamente deben entregar los 300 sacerdotes responsables de iglesias en la Ciudad de México van de mil a 40 mil pesos mensuales, lo que impacta a la economía de los templos bajo su cargo.

Los denunciantes, quienes pidieron el anonimato, señalan que si no cumplen o se inconforman ya sea con el pago o la entrega de sus datos fiscales y bancarios, han sido advertidos de ser considerados en desacato, lo cual los coloca en situación de ser suspendidos, removidos de adscripción, despedidos o de pasar a formar parte de una lista negra.

Los sacerdotes mencionaron que el control financiero de las parroquias va acompañado de medidas como la supervisión financiera directa de todos los ingresos de cada templo, lo que incluye lo obtenido por actividades como rifas, kermeses, sorteos, así como las aportaciones en las alcancías (limosnas), actividades por las cuales no se acostumbra extender recibos.

La supervisión la llevan a cabo personas que fungen como secretarias o contadores contratados por la Arquidiócesis.

Para los clérigos, esta medida obligatoria e indiscriminada no considera un hecho central: la persistente disminución de feligreses que asisten a los templos, lo que ha generado que en muchos casos no cuenten con recursos suficientes para su propio sustento y labores administrativas, por lo que tienen que recurrir constantemente al apoyo, incluso de sus familiares, y así solventar sus gastos de manutención como servidores de la fe.

En el decreto emitido por Carlos Aguiar se fijan los montos máximos de salario que pueden percibir los curas, vicarios parroquiales y diáconos (que si bien han recibido el sacramento de orden, no son considerados sacerdotes).

Se señala que cuando la percepción de un ministro de culto supere 20 mil pesos (tope que establece el SAT para exentar el pago del impuesto sobre la renta), serán los sacerdotes y la asociación religiosa los que pagarán los impuestos y cumplirán las obligaciones conforme al régimen fiscal correspondiente.

Los entrevistados refirieron que al perder control sobre lo que reporte la Arquidiócesis al SAT respecto de sus ingresos, temen que sus datos sean mal utilizados para realizar operaciones que pudieran considerarse lavado de dinero.

El decreto señala en su apartado número 4: una de las necesidades fundamentales que hay que atender es responder de manera más adecuada a las nuevas realidades sociales ante los cambios y exigencias que en materia contable, laboral, fiscal y de seguridad social las autoridades civiles han dispuesto para las asociaciones religiosas y ministros de culto.

De ahí surge entonces su temor porque –señalan– al perder el control sobre lo que reporte la Arquidiócesis, como sus ingresos, sus datos podrían sean mal utilizados y servir para operaciones ilegales.

Considero que una de mis principales responsabilidades como pastor es velar que el clero asegure los espacios de cuidado espiritual y formación permanente para que los fortalezca durante su ministerio. También es relevante contar con servicios de salud oportuna, así como con el apoyo suficiente al llegar a la edad canónica en que deben separarse de la responsabilidad del oficio eclesiástico, proveyendo los mecanismos para que reciban una manutención que les permita vivir con dignidad, refiere el documento firmado por el cardenal Aguiar.

En el inciso 12 se menciona que la denominada aportación será determinada de acuerdo con la realidad socioeconómica, pastoral y patrimonial de cada una de las parroquias, rectorías y capillas, considerando el parecer de cada sacerdote responsable, y la Arquidiócesis fijó como fecha límite para la entrega de las aportaciones los días 15 de cada mes, y en caso de atraso o incumplimiento, se investigará el motivo, urgiendo su cumplimiento y notificando a la respectiva autoridad eclesiástica.

Pero los religiosos tienen argumentos para rebatir uno a uno los apartados del decreto.

[b]Mentiras e ironías[/b]

De entrada, aseguran, el ofrecimiento de servicios médicos, apoyo financiero para obras de construcción o remodelación, así como para la manutención de párrocos retirados son mentira, pues hasta ahora no se envió póliza alguna para garantizarlos, y en las reuniones que hemos sostenido desde noviembre para capacitar a los encargados y supervisores de finanzas se nos ha indicado que seremos nosotros quienes debemos garantizar que los viejos sacerdotes cuenten con recursos para su manutención.

Y aún más. Contrario al contenido del documento firmado por Aguiar, ningún representante de la curia solicitó en algún momento su opinión respecto al monto de las cuotas que podrían entregar.

“Las ‘aportaciones’ se definieron directamente por el ecónomo (como se llama al administrador de la Arquidiócesis) y se notificaron mediante escritos individualizados en los que se señala irónicamente que la medida está ‘fundada en los principios cristianos de la solidaridad, la subsidiaridad y la fraternidad’.”

Aguiar Retes remata el decreto con una invocación a María santísima de Guadalupe para que interceda "ante su hijo, el señor Jesús, sumo y eterno sacerdote, y nos otorgue la gracia que necesitamos para utilizar los bienes de su Iglesia en la edificación de su reino y el anuncio del evangelio".