Texto y foto: Gabriel Graniel Herrera
La Jornada Maya
Ciudad del Carmen, Campeche
Martes 12 de febrero, 2019
El secretario general de la Sección 42 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), Luis Gerardo Sánchez Pérez, desapareció al menos 16 predios del inventario de propiedades de este gremio, entre ellos un rancho de más de 300 hectáreas y el edificio que alberga a las oficinas, de acuerdo con un documento de Transparencia de la Secretaría de Gobierno.
El trabajador jubilado Mario Alberto Arcos Lucio denunció lo anterior al mostrar en rueda de prensa los documentos que acreditan que de las más de 18 propiedades que estaban a nombre de la Sección 42 del STPRM tan solo quedan dos, una en el lote 9 de la manzana 3, ubicado en el kilómetro 8 de la carretera federal 180, tramo Isla Aguada-Puerto Real, y otro más en la Sección 2 del Fraccionamiento Santa Rita, en avenida Isla de Tris sin número.
“Son mucho más de 200 millones de pesos en propiedades los que no se encuentran documentados a nombre la Sección 42 del STPRM, entre ellos el edificio que alberga a las oficinas, con un valor aproximado de 70 millones de pesos, y el rancho Xicalango, el cual tiene más de 300 hectáreas, en la península de Atasta”, afirmó.
Sostuvo que ha presentado una denuncia en contra de Luis Gerardo Sánchez Pérez, secretario general de la Sección 42 del STPRM, para que rinda cuentas de las propiedades y los millonarios recursos de los trabajadores que ha manejado a su antojo, sin la transparencia requerida.
Acompañado de otros jubilados y de trabajadores en activo de Petróleos Mexicanos (Pemex), adscritos a la Sección 42, Arcos Lucio expuso que la dirigencia que encabeza Luis Gerardo Pérez Sánchez ha reprimido a los obreros, por lo que ha sido denunciado ya que, en su caso, su hija y su hermano han sufrido las consecuencias de las críticas realizadas contra los dirigentes petroleros.
Señaló que ha presentado un recurso de impugnación al proceso de elección de sus secciones sindicales, en donde se cumplió con el voto libre, pero no la secrecía del mismo, por lo que estima en los próximos dos meses sean llamados para la primera audiencia para resolver sobre el tema.
“Es importante dejar en claro que ninguna sección sindical cuenta con toma de nota que debe expedir la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), por lo que confiamos en que estas elecciones celebradas en octubre del año pasado se habrán de anular y se convocará a nuevas”, adelantó.
Concluyó que los trabajadores están exigiendo a los dirigentes que rindan cuentas de los recursos y bienes que han administrado, que son dinero de los obreros.
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