Ejidatarios de Campeche denuncian a empresa relacionada con Tren Maya

Representantes de los ejidos de División del Norte y Don Samuel, en el municipio de Escárcega, así como el ejido Miguel Alemán, en el municipio de Candelaria, denunciaron ante la Fiscalía General de Campeche a la empresa Barrientos y Asociados, contratada por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur). Expusieron que dicha compañía ha cometido una serie de fraudes, extorsiones y violaciones a los derechos humanos en contra de personas de los ejidos que se encuentran en el Tramo 1 del trayecto del Tren Maya y piden negociar un “pago histórico” por derechos de vía.

Un comunicado, firmado por Armando Soto Baeza de Mexicanos Unidos; Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT); Asociación Mexicana de Abogados del Pueblo-Guerrero; Centro Comunitario de Canicab; Centro Comunitario U kúuchil k Ch’i’ibalo’on; Centro de Derechos Humanos-Espacios para la Defensa, el Florecimiento y Apoyo Comunitario, A.C.; Centro de Lengua y Cultura Zoque de Chiapas; Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA); CNI-TOTONACAPAN; Colectivo IngeniumMex (Xalapa, Ver); Comité Nacional para la Defensa y Conservación de los Chimalapas; Concejo de Mujeres Autónomas (COMA); Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil (CRIPX); entre otras organizaciones, señalaron que en las comunidades se presentó una persona, identificándose como representante legal de Barrientos y Asociados, que con una actitud amable, les dijo que podía incrementar el monto de la indemnización a través de inventariar árboles o instalaciones inexistentes, con la premura, dado que pronto iniciarán los trabajos del Tren Maya.  

Sin embargo, sin su autorización, dicha persona levantó un acta donde se daba por otorgada la autorización, a pesar de no contar con la mayoría de las firmas de la Asamblea y de la cual no ha entregado copia hasta el momento a los ejidatarios. 

Los representantes de estos tres ejidos precisaron que fueron citados por Barrientos y Asociados en el Palacio Federal de Campeche para “otorgarnos cheques -sin especificar a qué correspondían dichos pagos-, por cantidades muy superiores a las acordadas, e inmediatamente nos exigieron la devolución en efectivo de la mayor parte del dinero a cuentas indicadas por la empresa Barrientos, aludiendo que dicha cantidad correspondía al pago por servicios profesionales y amenazando con que, de no acceder, se nos denunciaría ante las asambleas ejidales, acusándonos de habernos quedado con la cantidad excedente”. 

“Esta forma de actuar ha sido un patrón sistemático y reiterado que se ha repetido por meses en diversos ejidos del estado de Campeche e incluso de Yucatán donde se negocia el pago por los derechos de vía del proyecto Tren Maya, y cuyo común denominador es el despacho Barrientos y Asociados, que en todos los casos ha incurrido en acciones como manipulación, engaño, omisión de información, chantaje e incluso extorsión hacia las autoridades ejidales”, expusieron.  

Por lo tanto, los representantes de los diferentes ejidos presentaron ante la Fiscalía del estado de Campeche denuncias penales, pues se han encontrado con una “tajante negativa por parte de la Fiscalía General de la República para admitir nuestra denuncia”. 

También denunciaron que ni la Procuraduría Agraria, ni Fonatur les han acompañado en este proceso, aludiendo las restricciones sanitarias derivadas de la pandemia por Covid-19, pero sí fueron citados en las oficinas de la Procuraduría Agraria para que firmaran el Convenio de Ocupación previa a Título Gratuito, a lo cual se negaron.  

En el caso del ejido Candelaria, explicaron que la comunidad ya se encontraba en este territorio antes de que se construyeran las vías, contrario a lo que han señalado Fonatur, ONU-Hábitat y otras autoridades del gobierno federal. “Nosotros no invadimos las vías, las vías nos invadieron a nosotros. Han pasado más de 70 años desde que esas vías operan y el Gobierno Federal nunca nos ha cuestionado nuestras viviendas. Ahora con el Tren Maya, buscan sacarnos argumentando que somos invasores”, manifestaron.  

Al respecto, recordaron que el año pasado presentaron dos demandas de amparo. La primera en contra del mal llamado “Proceso de reubicación consensuada” -por medio del cual pretenden desalojarlos- y la segunda en contra de las vías del tren por el riesgo a su seguridad que implicará el paso del Tren a alta velocidad. En ambos casos no han obtenido respuesta de los juzgados sobre el estado de las demandas. 

“A nombre de nuestras comunidades, como representantes ejidales, solicitamos por este medio recibir garantías de protección y seguridad por parte del Estado mexicano, en tanto somos personas defensoras de derechos humanos ambientales. Tememos por nuestra seguridad; el punto donde nos encontramos geográficamente se encuentra en foco rojo por la delincuencia y sabemos que este tipo de denuncias se deben presentar, pero también sabemos que nosotros corremos peligro”, expresaron los ejidatarios.  

Exigieron que se  garantice su derecho a la justicia, ya que tanto la Fiscalía General de la República como la Fiscalía del estado de Campeche han obstaculizado la presentación de las denuncias correspondientes, y, a pesar de ser presentadas, no ha tenido ningún avance en las investigaciones.

Al respecto, Comunicación Social de la División Tren Maya en Campeche respondió a La Jornada Maya que por el momento de veda electoral no dan declaraciones.

Edición: Estefanía Cardeña