Campeche, el estado de la península con mayor presión por deforestación

Según María Luisa Albores González, titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Campeche es el estado de la Península de Yucatán que más sufre la presión de deforestación por tala inmoderada y otros factores, al perder 22 mil 805 hectáreas anuales de selva, reservas forestales y áreas naturales protegidas, situación que consideró debe cambiar de manera inmediata para detener los estragos climáticos que conlleva la falta de producción de hidratos de Carbono.

Además, reconoció que la mayoría de las denuncias efectuadas por estos problemas en las zonas rurales van encaminadas en contra de comunidades menonitas, quienes están dedicados a la producción masiva de productos agrícolas y que en el caso de Campeche, tienen la mayor concentración de hectáreas de producción en la zona de Hopelchén, conocida como los chenes.

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Otra de las actividades que aseguró la funcionaria, daña severamente a las zonas forestales, es la producción de carbón, producto que tiene permisos limitados y que en paralelo han buscado cancelarlos para mitigar el efecto de gases invernadero que producen los hornos utilizados para la quema de madera que finalmente tiene como resultado la creación del mineral usado para la cocina y combustible.

También dijo que en conjunto con demás autoridades han identificado áreas forestales desmontadas con maquinaria de grupos menonitas provenientes de otros estados del país e  informó que las principales causas de la deforestación en el estado son la desincorporación de terrenos de uso común a régimen parcelario; cambio de uso de suelo; asentamientos irregulares; crecimiento de la frontera agropecuaria; degradación en zonas de manglares y humedales y el crecimiento de la frontera agropecuaria y de la frontera agrícola con soya transgénica y palma de aceite.

Recordó que desde 1990, cuando llegó el primer asentamiento menonita en Campeche, han detectado desmontes de selvas, cacería y desplazamiento de fauna, incendios forestales para parcelar, sobreexplotación de mantos acuíferos, contaminación con agroquímicos, elaboración ilegal de carbón, acaparamiento y rentismo de tierras, además de agotamiento de suelos, plagas por monocultivos, monopolio en mercado agrícola, abaratamiento de mano de obra, establecimiento de precios agrícolas y escape de capitales a bancos americanos y europeos.

También dio a conocer las acciones realizadas por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) durante 2019-2021, entre las que destacan 179 inspecciones a transporte de productos forestales y aseguraron 300 toneladas de carbón vegetal, 414 m3 de aserrado de pino, 194 m3 de motoserrado de madera dura y 60.91m3 de madera decorativa.

Dijo que en las 81 inspecciones a centros de almacenamiento y transformación de madera aseguraron 24.8 toneladas de carbón vegetal, 40 m3 de motoserrado de maderas decorativas, 80 m3  de maderas duras, 105 m3 de rollos de maderas duras, 44 tapas metálicas de hornos de carbón clandestinos y clausuraron 32 centros de almacenamiento; en total, especificó que 500 hectáreas fueron afectadas por desmontes, cambio de uso de suelo y aprovechamiento de madera sin autorización.

Layda Sansores buscará que la tala sea un delito grave

La gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, señaló durante una conferencia de prensa en que ya presentaron avances y acciones para frenar la tala ilegal en la entidad y están reforestando como nunca lo habían hecho, pero también la deforestación está avanzando como una “herencia maldita”  que dejaron los gobiernos anteriores.

En presencia de las titulares de Semarnat, María Luisa Albores González; y de la Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad y Cambio Climático (Semabicc), Sandra Martha Laffon Leal, la jefa del Ejecutivo Estatal puntualizó que la tala ilegal es un problema que preocupa mucho al gobierno de Campeche y  diario en las reuniones de la Mesa para la Construcción de la Paz las autoridades, de manera conjunta, establecen acciones para redoblar la vigilancia en diversos puntos del estado.

Incluso, dijo, fue uno de los temas que tocaron durante la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador y concluyeron que hace falta hacer más, no para combatirlo, sino para llegar a resultados. 

“El problema es que no se considera la tala como un delito grave, y mientras esto continúe así, el ciudadano que sea detenido sale de inmediato; si no cambian los artículos 418 y 419 del Código Penal Federal para establecer un pena en donde la media aritmética permita hacer la detención, las cosas seguirán igual”, advirtió.

Edición: Laura Espejo