Al menos cinco amparos han sido promovidos por abogados laboralistas del Carmen, ante el Juzgado Tercero de Distrito, por la decisión de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) de cerrar la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje 52, con sede en la Isla.
De acuerdo con el portal de internet del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), las quejas fueron interpuestas por abogados en lo individual y en grupos, en las que exponen los perjuicios que la base trabajadora tendría en caso de confirmarse el traslado de los expedientes a la capital de Campeche.
Dentro de los juicios de amparo que se han presentado en el Juzgado Tercero de Distrito, se encuentran los marcados con los expedientes 952/2022; 984/2022 y 988/2022; siendo los quejosos Fernando Iván Jiménez Cruz, María de Jesús Aguilar Grajales; Mariela del Jesús Alejandro Jiménez, Juan Ramón Triana Moreno, Edgar Daniel Godoy Montalvo; Ramón Arce Ramos; Damián Ricardo Mendoza López, Omar Vázquez Pérez; Armando Arteaga Cornejo y Miguel Ramón Hernández Mezquita, entre otros.
Los abogados laboralistas interpusieron estos recursos de amparo, luego que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) anunciara el cierre de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje 52, con sede en la isla, “y del traslado de todos los expedientes activos en esa misma dependencia a la Junta Especial 48 con residencia en San Francisco de Campeche, Campeche”.
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Dentro de los argumentos que presentan para el proceso de amparo se encuentra “la negativa de la STPS de informarme como parte actora, el fundamento legal con el cual pretenden realizar dicho traslado, contrario a lo que marca la Ley Federal del Trabajo”.
“El no otorgarme como parte actora la certeza jurídica de un acceso a la justicia pronta y expedita, al hacerme generar gastos de manera injustificada e ilegal”.
Jurisprudencia
Cabe destacar que el pasado 24 de noviembre, el Juzgado Primero de Distrito del estado de Durango,resolvió el recurso de amparo promovido en el expediente 1413/2022, en contra del cierre de la Junta Especial 27 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, en la que el juez ordenó “paralizar cualquier orden relativa a la conclusión de funciones” de la mencionada.
Además, ordena “se tomen todo tipo de medidas para garantizar que la aludida junta especial siga laborando”.
Los litigantes confían en que al existir jurisprudencia al respecto, el resolutivo del Juzgado Tercero de Distrito sea favorable a sus demandas.
Edición: Estefanía Cardeña
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