Tras el intercambio de fuego entre agentes Ministeriales y Policía Estatal contra grupos armados en pasados días, el presidente de la asociación civil Pro Innovadores de Campeche, Fernando Pérez Gallegos, aseguró que desde los últimos meses del año pasado incrementaron los reportes de sus agremiados sobre llamadas de extorsión para cobrar derecho de piso. Dijo que incluso él ya fue víctima de un par de llamadas.
“Te hablan primero para ponerte en alerta, y te ofrecen seguridad de otras agrupaciones criminales e incluso de ladrones locales y policías, en algunas ocasiones fueron más allá, pues te dejaban en un papel una nota con un número de tarjeta, y mientras alguien vigilaba que ya tuvieras ese número de tarjeta en la mano, te realizaban la llamada para presionarte”, explicó.
Respecto a su experiencia, aseguró que para ellos es preferible anotar el número de donde recibieron la llamada, distribuirlo entre sus conocidos y empresarios amigos, subirlo a Facebook y otras plataformas de redes sociales. Al ser cuestionado sobre denuncias formales, aseguró que ya no acuden a la Fiscalía General del Estado de Campeche (Fgecam) porque el proceso para levantar una denuncia formal es engorroso.
“Aquella ocasión, fue aproximadamente la primera semana de enero, preferí hacer la denuncia a través de mi Facebook y alertar a mis círculos cercanos, más tarde la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana retomó mi denuncia y alertó sobre el número, eso fue algo bueno, pero sería mejor hicieran algo para detectar de dónde salen estas llamadas”, dijo.
Sin embargo, recalcó, “no es culpar a los gobiernos o especular, pero desde el año pasado aumentaron estas llamadas, nos ponen sobre las cuerdas pues si bien muchas son de broma, ahora con lo que ocurre en la entidad con enfrentamientos a balazos y demás, ya no sabemos a qué nos enfrentamos”, finalizó.
Edición: Estefanía Cardeña
Aliados analizarán contribuir con 5 por ciento del PIB al presupuesto de defensa
Sputnik
El presunto criminal fue localizado en Tuxtla, Gutiérrez
La Jornada
El adeudo fiscal corresponde al año 2010 de Grupo Elektra
La Jornada