“Las acusaciones de desvío de recursos en contra del director del Instituto Estatal para la Educación de los Adultos (IEEA), son motivo suficiente para realizar investigaciones, pero la Asecam sólo se ha dedicado a atacar a los grupos políticos contrarios del partido en el poder”, señaló el diputado de Movimiento Ciudadano Jesús Aguilar Díaz, quien es presidente de la comisión de fiscalización del Congreso del Estado y asegura que la Auditoría Superior del Estado de Campeche (Asecam) audita 90 por ciento de las cuentas públicas de Ayuntamientos de oposición al partido en el poder, y de los de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) solo 30 por ciento.
Aseguró hay evidencia de esto, y tanto él y sus compañeros de MC, como integrantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI), han presentado sus inconformidades ante Javier Hernández Hernández, titular de la Asecam, así como con Alejandro Gómez Cazarín, presidente de la Junta de Gobierno y Administración del Congreso del Estado de Campeche, pero sus denuncias no tienen efecto alguno.
Por ello recordó el tema de los legisladores expulsados de MC apenas unos meses de iniciar la LXIV Legislatura del Estado de Campeche, pues tres diputados que eran naranjas, votaron a favor de la llegada de Javier Hernández, quien ya operaba como auditor interino ante supuestas presiones para la renuncia del anterior al cargo.
“De ser necesario, y de continuar las presiones sin fundamento, creo tendremos que acudir a instancias federales para demostrar cómo el Gobierno del Estado usa los órganos a su favor para atacar a quienes no se han alineado con ellos, pues a simple vista se trata de persecuciones políticas y acoso a alcaldes y alcaldesa de Movimiento Ciudadano, PRI y PAN”, afirmó.
Finalmente aseguró que la alcaldesa Biby Rabelo de la Torre está trabajando contra corriente, pues si bien todos los municipios han sufrido recortes, es la capital campechana a quien más han recortado con modificaciones a la ley, los subejercicios estatales y otros temas tributarios originados por conflictos entre Estado y Ayuntamiento.
Edición: Emilio Gómez
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