En las puertas del palacio municipal, los molineros Javier González Baqueiro y Carmelo Salvador Jiménez exigieron a la alcaldía de Campeche dar cumplimiento al reglamento de la venta ordenada de la masa y la tortilla pues cada día su gasto de producción es mayor y compiten contra moto repartidores que invaden la longitud perimetral permitida de 250 metros a la redonda de cada molino.
En respuesta, Ricardo Encalada Ortega, secretario del ayuntamiento, explicó que por riesgo a la integridad de los inspectores requieren de apoyo de la fuerza policial para hacer operativos que terminen en sanción y decomiso del producto, y que por esa razón no han hecho dichos puntos de control.
Los molineros, acompañados por aparentes trabajadores y moto repartidores legales, destacaron que desde la publicación de la ley en julio del año pasado, el ayuntamiento ha realizado algunos operativos solo para no ser criticados, pues han visto en estos la retención del producto pero no la sanción a los moto repartidores ni a los molinos, la cual es principal molestia de González Baqueiro.
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Salvador Jiménez, por otro lado, quería una audiencia personal con la alcaldesa Biby Rabelo de la Torre para tratar el tema, pues desde hace unos meses con quienes dialogan es con Encalada Ortega, y quieren exponerle a la presidenta sus quejas, el desacuerdo de la aparente inacción del secretario del ayuntamiento, y firmar una minuta de compromiso.
En eso estaban, cuando Encalada Ortega hizo aparición y dialogó un momento con ellos, exponiendo que “en los operativos realizados por la alcaldía hubo conatos de bronca y amenazas, los involucrados ponían en riesgo a nuestros inspectores y decidimos suspenderlos, haciendo incluso la gestión para hacer operativos en conjunto con Policía Estatal y Secretaría de Defensa Nacional, así como Guardia Nacional”, dijo.
Respecto a la aplicación de la ley, dijo que debían también ser sensibles con los moto repartidores, pues aparentemente la mayoría de estos se dedican a repartir tortilla y masa porque fueron despedidos de sus trabajos, otros vieron una oportunidad de crecer, y sancionarlos además de quitarles el producto generaría un problema social y económico para estos.
Esta respuesta no les fue agradable a los molineros, quienes refutación: "entonces para qué nos engañaron, debieron decirnos eso en primera instancia y gestionábamos también ese apoyo”, exclamaron. En ese momento, Encalada Ortega les invitó a llevar la plática a su oficina para que se tranquilizaran, pero Salvador Jiménez no quiso, solo reclamó, “ya ven, no nos quiere atender, creo tendré que visitar al licenciado Cazarín (presidente de la Junta de Gobierno y Administración), y a la gobernadora para que intervengan”.
Al contrario, González Baqueiro le pidió disculpas y dijo que sí entraba a dialogar y exigir fechas y respuestas, pues el tema de él ya le afecta económicamente.
Edición: Estefanía Cardeña
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