Liberan a los cabecillas del ataque a oficinas del Congreso del Estado de Campeche

Las declaraciones del legislador Gutiérrez Jiménez vinculan a los señalados con un grupo de diputadas
Foto: Fernando Eloy

Aunque en un inicio la denuncia interpuesta por diputados integrantes de la Junta de Gobierno y Administración del Poder Legislativo fue por privación ilegal de la libertad, agresiones y daños al patrimonio del estado, este sábado a temprana hora fueron liberados los cinco cabecillas de los ataques a las oficinas del Congreso del Estado, ocurridos el martes 31 de octubre por la madrugada.

Según la denuncia y declaraciones de Antonio Gutiérrez Jiménez, presidente de la Junta de Gobierno, y otros diputados afectados, los detenidos están vinculados a las diputadas Idalí Sosa Huchín, Violeta Bolaños y Landy Velázquez May, simpatizantes del ex presidente de la Junta de Gobierno, Alejandro Gómez Cazarín.

 

Entérate: Investigarán a diputadas que encabezaron acciones violentas en el Poder Legislativo de Campeche

 

El jueves 2 de noviembre fue la primera audiencia de los detenidos, en ese entonces eran 38 en total. El sábado 4 en la madrugada liberaron a 33 de ellos, y quedaron detenidos Cynthia Valenzuela, coordinadora Distrital de Morena; Alfredo Velásquez, sobrino de la diputada Landy; Uzziel Madera, asistente de la diputada Violeta; Enrique López Alvarado y Gloria Notario, consejeros nacionales de Morena, quienes pagaron poco más de 43 mil pesos y obtuvieron su libertad.

También destacan las negociaciones políticas entre representantes de Alejandro Gómez Cazarín y de la gobernadora Layda Sansores, debido a las amenazas y declaraciones de las diputadas señaladas sobre el ataque de los integrantes de Morena en el municipio de Campeche contra los de Carmen; las amenazas eran en cuestiones políticas y la posibilidad de traicionarlos en las elecciones venideras.

Tras aceptar el juicio abreviado, los vinculados a Cazarín y las diputadas Landy María Velásquez May y María Violeta Bolaños Rodríguez, fueron sentenciados por daños en propiedad ajena en pandillerismo, pero se les conmutó la pena corporal por una reparación de daños a la sede del Congreso del Estado.

 

Edición: Fernando Sierra


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