Tras dos años pidiendo que la jefa del mando policial del estado, Marcela Muñoz Martínez, asista ante el pleno del Poder Legislativo de Campeche a comparecer y dar explicaciones respecto a estrategias fallidas de seguridad, este lunes se cumplió: ante la situación de paro laboral de los agentes de la Policía Estatal, la funcionaria dijo a diputados -y ciudadanos que seguían la transmisión- que ella no renuncia y será la gobernadora Layda Sansores San Román quien tome la decisión sobre su permanencia en el cargo.
La oposición a Movimiento Regeneración Nacional (Morena) llevó la batuta en la sede legislativa, a la comparecencia asistieron diputados de Movimiento Ciudadano (MC), del Partido Revolucionario Institucional (PRI) -pues el priista Ramón Santini Cobos encabeza dicha comisión-; también asistió el diputado federal de Morena José Luis Flores Pacheco.
En las afueras del recinto, cientos de ciudadanos gritaban “fuera Marcela”, gritos que claramente desconcentraban a la aún funcionaria, que en medio de los cuestionamientos confirmó la mala planeación de un protocolo de extracción de Personas Privadas de su Libertad (PPL); sin embargo, culpó a la subsecretaria del sistema penitenciario de Campeche, Natasha Bidault Mineszek, porque no solicitó la presencia de elementos federales bajo el argumento que el penal de San Francisco Kobén no es federal, aún cuando cuenta con un área de ésta índole.
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Con estos comentarios, Muñoz Martínez dijo que no renunciaría a su cargo y que será la gobernadora quien tome la decisión. Paralelo a estas expresiones, en la transmisión en vivo de la comparecencia, el perfil oficial de Layda Sansores emitió un mensaje de apoyo a la jefa del mando policial, señalando que no le daría de baja y que tiene el respaldo de ella y el gabinete para continuar.
Además de esta situación, Muñoz Martínez confirmó que de 280 elementos citados para dicho incidente, 20 eran mujeres y todas entraron al frente de bloque de extracción, seguidas solamente por 18 elementos varones, mientras el resto -240- se quedaron afuera con los mandos policiacos, Antonio Saradán Solís, Víctor Contreras y Josafat García Villalpando, quienes al escuchar el llamado de emergencia de los compañeros, ordenaron al resto no intervenir.
La secretaria de seguridad confirmó además las agresiones hacia los agentes, la violencia sexual que sufrieron algunas de ellas, cinco según la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche (Codhecam), otras cinco con estrés postraumático derivado de dichas malas acciones, así como 25 reclusos heridos, y 30 agentes de la Policía Estatal también con secuelas físicas por el enfrentamiento.
Al término de la comparecencia, la comisionada de derechos humanos, Ligia Mejía Rodríguez, respaldó estos números considerando lamentable y reprobable el intento de la SPSC por esconder dicha información, y posteriormente ingresó al recinto para solicitar a Muñoz Martínez que les regresara las cargas de gasolina a los agentes y puedan hacer su trabajo, pues desde el domingo salen a patrullar con gasolina que les donan los campechanos. Esta situación se regularizó este martes.
El clamor ciudadano está jugando un papel: publicaciones del Gobierno del Estado respecto al tema, publicaciones de algunos medios de comunicación, y demás, son contestadas de manera inmediata por ciudadanos molestos exigiendo la renuncia o destitución de Marcela Muñoz Martínez y de sus mandos policiales. Los policías hoy amanecieron señalando lo mismo: no se van a regularizar los servicios policiales, hasta la renuncia de la jefa del mando policial y sus mandos.
Finalmente, este martes, la Codhecam continuará con las evaluaciones a los agentes policiacos que asistieron al incidente en el penal, y a los demás agentes, pues Mejía Rodríguez afirmó que no son sólo 80 elementos los inconformes como intentó minimizar el Gobierno del Estado, si no que son más.
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