La Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC) de Campeche ratificó el cese definitivo de siete elementos que encabezan, desde el pasado 16 de marzo, la protesta de los policías para exigir la destitución de la titular de la dependencia, Marcela Muñoz Martínez.
Lo anterior, luego de que el Juzgado Primero de Distrito con sede en esta capital, emitiera un resolutivo el pasado 9 de mayo, en que negó el amparo a los siete uniformados, quienes se quejaron de que en su cese no se respetó el debido proceso y que no han sido notificados oficialmente de esa sanción.
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El juzgador determinó que “resultaba improcedente conceder la suspensión, pues de hacerlo se violarían disposiciones de orden público por la prohibición de reincorporarlos al servicio, prevista en el artículo 123 apartado B fracción XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.
En un comunicado, la SPSC reafirmó que los siete elementos cesados son José Alejandro Grajales Chab, Andoreni Clayderman Rivera Casanova, Rodolfo Benjamín Uc Ku, María Candelaria Castillo Pérez, Emanuel Aguirre Cab, Ángel Atilano Estrada Maldonado y Martín Adán Naal Huicab.
En tal virtud, estos siete elementos, “ya no pueden seguir emitiendo órdenes al personal que se encontraba a su cargo y tampoco ejerciendo actos de autoridad policial ante la ciudadanía, asimismo, no pueden utilizar las instalaciones, los recursos materiales, ni portar los uniformes de esta Secretaría”.
El titular de la Consejería Jurídica del Gobierno del estado, Juan Pedro Alcudia Vásquez, expuso que los elementos policiacos han tramitado en total siete amparos en contra de las decisiones de sancionarlos o ser cesados, sin embargo, no se ha emitido ninguna resolución definitiva por lo que siguen firmes las acciones en su contra. Reiteró que el Gobierno del estado no ha incurrido en desacato.
Por su parte, la gobernadora Layda Sansores San Román reiteró su llamado a los inconformes para reincorporarse a sus labores. Les ofreció que no habrá represalias y aseguró que no ha hecho nada para perjudicarlos y que todo se ha realizado en el marco de la ley.
Esta semana, uno de los ‘cabecillas’ del movimiento, Eduardo Navarrete Ávila, El Chetos -a quien la gobernadora Layda Sansores acusó públicamente de acosar mujeres y maltratar, corromper y extorsionar a la ciudadanía- se reincorporó a los aproximadamente 400 elementos que se han mantenido leales a la secretaria Marcela Muñoz. Navarrete Ávila se habría llevado a otros 10 uniformados más. Versiones de los policías aseguran que recibieron 50 mil pesos cada uno, y la promesa de “limpiar” sus expedientes.
A su vez, los oficiales José Alejandro Grajales Chab y Rodolfo Benjamín Uc Ku, dos de los siete elementos cesados, dijeron en conferencia de prensa que continuarán defendiendo sus casos por las vías legales, reiteraron que a pesar de la represión, de las amenazas, del hostigamiento y acoso telefónico y de las sanciones salariales, continuarán con la protesta hasta el final.
“Nuestra exigencia es el cese de Marcela Muñoz y sus cinco comandantes operativos. Hay gente que decidió vender su dignidad, pero más de 900 policías seguimos de frente pese a todas las amenazas que hay en contra nuestra y no vamos a doblar nuestra rodillas”, aseveró Grajales Chab a nombre de todos sus compañeros en rebeldía.
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