En exclusiva para La Jornada Maya, el titular de la Secretaría de Gobierno en Campeche, Armando Toledo Jamit, confirmó la renuncia del fiscal General del Estado, Renato Sales Heredia, por motivos personales y quien estará al frente de la procuración de justicia será el vicefiscal Jackson Villacis Rosado. Además, aclaró que no hay nombres aún y la elección del nuevo fiscal general queda a decisión de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, desconociendo la supuesta llegada de Bernardo León OleaCon esto negó la salida de Villacis Rosado y, al contrario, estará como el encargado del despacho, que no es más que la suplencia o sustitución de un titular para dejarle el encargo en la administración pública a otra persona, esto dejó un nuevo rumor, pues en el interior de la Fiscalía hay molestia e incertidumbre entre los trabajadores que llegaron gracias a Sales Heredia. Además, surgieron los comentarios en torno a que querían darle la titularidad al hijo de Marcela Muñoz Martínez, Arturo Bravo Muñoz, quien funge actualmente como vicefiscal de Asuntos Internos. El encargado de la política interna del estado afirmó que no hay tiempo límite, podrían pasar días semanas o meses antes de nombrar a un titular, pero señaló que la procuración de justicia estará en buenas manos con Villacis Rosado, pues ya conoce la línea de trabajo de la Cuarta Transformación, es respetado por los elementos ministeriales e incluso los policiales, ya que fue jefe del mando policial del 2012 al 2015. Con respecto a Bernardo León Olea, aseguró que la ley de Administración Pública del Estado de Campeche, así como la constitución del estado, señalan que para el cargo de procurador de Justicia del Estado se deben cubrir algunos requisitos, entre ellos la estadía, y en el caso de los rumores de una persona ajena a la actual administración, no podría ser pues primero debería legislarse para cambiar los puntos claves de quienes ocupen lugares específicos en el gabinete. Edición: Estefanía Cardeña
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Señala que no es posible regresar al sistema anterior, ya que costaría el equivalente a 20 puntos del PIB
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