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Jairo Magaña
12/07/2026 | San Francisco de Campeche
Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sometieron a votación la propuesta de atraer a su ámbito de análisis el planteamiento para considerar a las abejas como un ente sujeto de derechos, con el objetivo de que puedan ser defendidas por colectivos indígenas que desde hace una década han enfrentado los efectos del uso de agroquímicos agresivos que afectan el desarrollo de la actividad apícola en la Península de Yucatán.
Al atraer dicha propuesta, la SCJN analizará la posibilidad de que las abejas sean reconocidas como entes con derechos, y no únicamente como seres sintientes, lo que abriría la puerta a garantizar la protección de estos insectos por su relevancia en el equilibrio ecológico global, así como por su impacto en el desarrollo económico y social de miles de familias indígenas del país.
Los principales impulsores de esta propuesta son productores indígenas vinculados al Colectivo Apícola de los Chenes, quienes desde 2015 han enfrentado a empresas transnacionales por el uso de agroquímicos que consideran agresivos para el medio ambiente y la vida silvestre de la región conocida como Selva Maya, ubicada entre los municipios de Hopelchén y Calakmul.
De acuerdo con la vocería de la SCJN, será en las próximas semanas cuando, tras el análisis de los argumentos presentados, se determine la importancia de reconocer la protección de estos seres polinizadores. En los últimos dos años, se han reportado al menos tres casos de mortandad masiva de abejas en comunidades ubicadas entre Hopelchén y Campeche.
Entre los químicos detectados se encuentra, además del glifosato, el fipronil, un insecticida de amplio espectro utilizado para el control de plagas agrícolas, urbanas y veterinarias, cuyo uso requiere estrictas medidas de cuidado debido a sus componentes, que pueden afectar severamente a polinizadores como las abejas y algunos organismos acuáticos.
Refuerzan protección a una actividad de la que dependen miles de familias campechanas
De manera paralela a la admisión de esta propuesta por parte de la SCJN el pasado jueves, el Congreso del Estado de Campeche aprobó reformas al Código Penal para reforzar la protección de la apicultura y la meliponicultura, actividades que representan una importante fuente de ingresos para miles de familias campechanas y forman parte de la identidad productiva y cultural de la entidad.
Entre las modificaciones destaca que, dependiendo del daño patrimonial ocasionado a las familias apicultoras, se podría imponer una pena de hasta 10 años de prisión a quien sea encontrado responsable de estos delitos.
Las reformas amplían las conductas que podrán ser sancionadas cuando se afecten colmenas, abejas, panales, miel y otros productos derivados de esta actividad, con el propósito de combatir prácticas que generan pérdidas económicas a los productores y fortalecer la protección de su patrimonio.
De acuerdo con el dictamen aprobado, más de 10 mil familias campechanas dependen directamente de esta actividad. La reforma deriva de una iniciativa promovida por diputadas y diputados del Grupo Parlamentario de Morena, así como por la diputada María del Carmen Ávalos Trujillo, representante legislativa del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), misma que fue dictaminada por la Comisión de Procuración e Impartición de Justicia, presidida por la diputada Verónica Margarita Roca Méndez.
Edición: Emilio Gómez
