Autoridades promueven desorden

Hubert Carrera Palí
Foto: Fernando Eloy
La Jornada Maya

San Francisco de Campeche
Jueves 17 de noviembre, 2016

Representantes del Colectivo Apícola Los Chenes, participantes en el proceso de consulta indígena para la siembra de soya transgénica, reiteraron su rechazo e inconformidad por la desinformación y confrontación que, según manifiestan, generan las autoridades federales al pretender dividir a las 36 comunidades del municipio de Hopelchén. Sin embargo, indicaron que no romperán el diálogo.

El pasado 14 de noviembre, en la localidad de Dzibalchén, se realizaron las fases deliberativa y consultiva de la consulta indígena, en una junta en la que sólo participaron cerca de 40 campesinos de un total de más de 3 mil 500, liderados por productores de soya transgénica, acusó el dirigente Gustavo Chí.

Observó que en esta sesión se decidió que, si bien es respetable, no puede equipararse a una consulta previa, libre e informada a un pueblo indígena. La Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem) y la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) volvieron a buscar a los pequeños grupos de simpatizantes de la soya transgénica y, violando los plazos y las fechas de las fases acordadas en la última reunión efectuada el pasado 15 de octubre en la cabecera municipal de Hopelchén, con representantes debidamente nombrados de 34 comunidades mayas, repitieron la estrategia de división impulsada previamente en la comunidad de Iturbide, donde avalaron que un grupo reducido de soyeros, en una simulación de consulta y a nombre de la población aceptó la siembra de soya GM.

Gustavo Chi aseguró que el proceso en Iturbide ya fue impugnado por el comisario, con el respaldo de una asamblea comunitaria mayoritaria, pero dejó a su paso situaciones de confrontación y violencia, como la acaecida el 15 de octubre, cuando un reducido grupo de soyeros increpó y amenazó de muerte a representantes de las demás comunidades y a sus asesores.

Señaló que las 35 comunidades participantes acordaron seguir el proceso de consulta, el diálogo y la discusión directa con las autoridades federales, a pesar del ambiente enrarecido que han generado el Cibiogem y la CDI, así como la Sagarpa y el Senasica, “quienes han sido negligentes e incluso cómplices de la siembra ilegal de soya transgénica”.

No obstante que la siembra ilegal ha sido denunciada oportunamente, incluso con datos georeferenciados, hasta la fecha no existe medida ni sanción alguna que haga efectivo el mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de no sembrar. Esta omisión ha significado la siembra y cosecha ilegal de por lo menos mil hectáreas de soya GM en el municipio de Hopelchén, con lo cual la consulta, en lugar de ser un verdadero proceso de diálogo, está convirtiéndose en una simulación de la que también forma parte la PGR, que ha pretendido cerrar las carpetas de investigación abiertas con motivo de las denuncias penales presentadas, lo que significa que la impartición de justicia es dispareja.

El dirigente consideró que la celebración de la junta del pasado 14 de noviembre en Dzibalchén, y la proclamación mediática de su decisión aislada de aceptar la siembra de soya transgénica, es una provocación que muestra el desdén de las autoridades por el cuidadoso proceso de consulta previa que se está llevando a cabo en las 35 comunidades mayas de la región de Hopelchén, y las 7 del municipio vecino de Tenabo.

De este modo, consideró, el Cibiogem y la CDI parecieran estar saboteando la misma, y la CNDH debería ser garante de este proceso y velar por el respeto de los derechos humanos del pueblo maya, como estipula en sus recomendaciones.

Este clima polarizado ha orillando a las comunidades que han confiado en el diálogo a replantear la continuidad en un proceso en el que no existen garantías de que la sentencia de la Corte será respetada, manifestó.

Recordó que, con base en estándares internacionales, la consulta debió haber sido previa a la liberación del permiso a la empresa Monsanto, y demandó que el diálogo y los acuerdos sean de buena fe, con la finalidad de llegar a un pacto que realmente acabe con el conflicto que la dependencias federales iniciaron, al imponer la decisión de sembrar transgénicos, deforestar la selva, contaminar el agua, afectar la salud humana y dañar miles de las colmenas de abejas de las cuales dependen las comunidades mayas de Campeche.

“A través de la consulta estamos logrando proteger el derecho y el respeto al territorio que resguardamos las comunidades mayas, pero también la autonomía, la participación, la identidad cultural para evitar ser desplazados de las selvas que hemos cuidado y manejado desde hace miles de años. La consulta previa, como parte de nuestro derecho a la autodeterminación, representa para nosotros una garantía importante para la supervivencia de nuestros pueblos”, precisó.

Refirió que de manera reciente presentaron el caso de la soya GM en el Tribunal Internacional de La Haya contra Monsanto, invitados y con el apoyo de Greenpeace y Organic Consumers Association. “También asistiremos a una sesión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Panamá, invitados por la Fundación para el Debido Proceso, para la defensa de nuestro patrimonio biocultural y la gravedad de la violación del principio precautorio, dado el impacto ambiental y humano que la siembra masiva de soya transgénica está ya teniendo en nuestro territorio”.