Texto y foto: Hubert Carrera Palí
La Jornada Maya

San Francisco de Campeche
Viernes 15 de julio, 2016

Aproximadamente el 80 por ciento de las empresas extranjeras que suministran diferentes servicios a Pemex provienen de paraísos fiscales y causan alto grado de contaminación, alertó Alfredo Salazar López, representante de la Unión Nacional de Marinos de Veracruz, organismo afiliado a la Federación Internacional de Trabajadores de Transporte (FITT), quien consideró que el perjuicio económico en contra de los 14 tripulantes del QMS Delta, asciende a más de un millón y medio de pesos.

El también representante legal de la tripulación, informó que ya se presentó la denuncia correspondiente, ante los juzgados federales locales y se dio aviso a las autoridades de la STPS, a la Administración Portuaria Integral (Apicam), al Cónsul de San Vicente en México y a la CDHC, para que estén enterados de la situación por la que atraviesan estos marinos desde hace tres meses y medio en que los han mantenido sin el pago de sus sueldos y avituallamiento.

Ayer, al mediodía, todas estas autoridades y el representante de la empresa “Marítima de Servicios”, sostuvieron una reunión en la Capitanía de Puerto de Seybaplaya, con la finalidad de encontrar una salida negociada al problema. Según estimó el abogado, se estima un finiquito de más de un millón y medio de pesos de acuerdo a los derechos que les otorga la Ley Federal del Trabajo.

Explicó que como parte de la cruzada contra los buques de bandera de conveniencia, la Unión de Marinos de Veracruz afiliada a la Federación Internacional de Trabajadores de Transporte (FITT), está llevando a cabo inspecciones en todos los puertos del país, a fin de detectar y proteger los intereses de sus agremiados en situaciones como esta, en donde las empresas, por lo general, provienen de paraísos fiscales como San Vicente, Panamá, Bahamas e Iberia.

Dijo que la empresa “Marítima Servicios” que renta este buque a la compañía Saker, de origen Saudi Árabe, contrató los servicios de 14 marinos desde hace más de dos años, pero sin la firma de un contrato de trabajo, violándose flagrantemente los derechos a las prestaciones elementales como IMSS, Infonavit y otras prestaciones que les otorga la ley.

Dijo que la tripulación permanecerá fondeada a cuatro brazas del puerto de Seybaplaya, en tanto que la plataforma móvil construida en Liberia proveniente de aguas de Tampico para su desmantelamiento, se localiza a seis brazas completamente a salvo.

La estructura Noble Brend fue remolcada y desprendida casi al llegar al puerto de Seybaplaya debido a que el buque se quedó sin combustible, aseguró el litigante al tiempo que aclaró que fue traída debido que estaba a punto de colisionar con otras estructuras en aguas de Tampico.

Añadió que el capitán, Teodoro Marisca Espinosa, cumplió con el protocolo marcado en el Artículo 35 de la ley de Navegación, para que la autoridad correspondiente realice una inspección a la nave y se constate el estado en que se encuentra.
Comentó que la empresa Fajardo es quien adquiere estas plataformas petroleras para luego “chatarrizarlas” o para darles el uso que le convengan.

[b]Se violaron normas internacionales[/b]

El abogado aseguró que países como San Vicente,. considerado dentro del pabellón de conveniencia, ratificó en 2006 el convenio sobre trabajo marítimo adoptado por la Organización Mundial del Trabajo (OMT), con la finalidad de cumplir con los estándares de protección de sus trabajadores; sin embargo, en este caso, además de que no fue así, debido a que proviene de un paraíso fiscal, no se sabe a ciencia cierta quién es el verdadero propietario de la embarcación y quién finalmente será el responsable de asumir o resarcir el daño moral y económico que le han causado a los 14 tripulantes del QMS Delta en los últimos tres meses y medio.

Estableció que se violaron claramente normas internacionales y ahora el paso a seguir es ver que les cumplan a los tripulantes con el finiquito que por ley les corresponde o de lo contrario, el buque será asegurado como garantía.

Mencionó que los marinos no bajarán a puerto en tanto no se resuelva su situación laboral pues de lo contrario podría usarse de excusa de acusarlos de abandono de labores.


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