Matilde Pérez U.
Foto: La Jornada
La Jornada Maya

Campeche
Lunes 6 de Junio, 2016

“Hace una década, cuando sembraba maíz, no tenía maquinaria agrícola, las deudas me ahogaban y no podía darle protección médica a mi familia. Siempre andaba al día. Con la producción de soya transgénica mi vida cambió drásticamente: obtuve mayores ingresos y pude contratar jornaleros”, dice Favián Papalotzi Cruz, agricultor en Campeche.

Ese cultivo, afirma, “no es el monstruo, como dicen los grupos opositores a su siembra; es mentira que ponga en peligro la producción de miel. También soy apicultor, por eso he comprobado que no hay ningún efecto negativo en las abejas, pues la floración de la soya es anterior a la producción de miel”.

Se siente inquieto porque se acerca la fecha de siembra de la leguminosa –a partir del 15 del mes en curso– y no hay señal de que pueda iniciarla, pues, refiere, está sujeta a la conclusión de la consulta previa, libre e informada a las comunidades indígenas mayas de Campeche y Yucatán, cuyo “desarrollo es muy lento; ahora está parada y dicen que se reanudará hasta el 30 de junio”.

[h2]Protección jurídica[/h2]

El 4 de noviembre del año pasado, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concedió amparo y protección federal a esas comunidades indígenas para la realización de la consulta sobre los permisos otorgados a Monsanto para la siembra de la soya transgénica. Con el fin de que se lleve a cabo, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem) deben acordar la metodología y cubrir varios protocolos.

Debido al “retraso de la consulta” y al riesgo de no poder sembrar, Papalotzi Cruz, Fernando Oliva Escobar y Guillermo Hernández Gutiérrez recabaron firmas de 800 agricultores que se dedican a la siembra de soya transgénica en las colonias agrícolas San Luciano, Santa Fe, Los Laureles y Carlos Cano Cruz, así como de los campos menonitas Las Flores, Nueva Trinidad y Santa Rosa, en los municipios de Hopelche y Campeche (en Campeche) y Tenabo y Mérida (en Yucatán). Se trasladaron a la Ciudad de México para entregarlas junto con un escrito al presidente Enrique Peña y a los titulares de las secretarías de Agricultura, Medio Ambiente, Salud, Hacienda, Economía, Educación y Gobernación, así como al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la secretaria ejecutiva de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados y a la directora de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

En el documento, los agricultores aseguran que la suspensión de la siembra de la soya transgénica está provocando “una severa afectación económica a más de 6 mil familias”. Sostienen que con dicho cultivo “utilizan menos pesticidas y herbicidas; hemos comprobado que no representa ningún riesgo para nuestras comunidades y menos para las abejas, como equivocadamente se ha dicho”.

Destacan que la siembra de la leguminosa deja una derrama aproximada de mil millones de pesos anuales, genera empleos –no especificaron cuántos– y “permite la paz social en Campeche”. Por ello, solicitaron que se integre al programa de reactivación económica y desarrollo productivo para Campeche y Tabasco, anunciado el pasado 4 de mayo.

El grupo descalifica la consulta indígena. “Nos parece que es un farsa, pues hasta el momento nadie nos ha convocado a participar, cuando somos productores y quienes tenemos la experiencia en la siembra de (soya) desde hace 10 años”.

Al presidente Peña Nieto y a los diversos secretarios de Estado, piden apoyo “para frenar la intervención de grupos que no pertenecen a la comunidad y que tienen intereses económicos y políticos ajenos a quienes vivimos y trabajamos en la región; con sus acciones (no especifican cuáles) nos niegan la posibilidad de prosperar”.

Demandan ser incluidos en la consulta a las comunidades mayas y que las autoridades encargadas de coordinarla “refuercen la vigilancia e impidan que grupos políticos y organizaciones ajenas a la vida del campo en Campeche dejen de intervenir”. Además, que se acelere el proceso para “estar en posibilidad de tomar decisiones sobre lo que vamos a sembrar en este ciclo”.

[b]“Mercado seguro”[/b]

Fernando Oliva Escobar apunta que la siembra de la soya transgénica es “redituable” y su costo, “menor al de la soya convencional, pues el grano de ésta es más pequeño y requiere varias aplicaciones de agroquímicos, cuyos precios no se comparan con los 200 pesos que cuesta el glifosato. “Tenemos un mercado seguro con dos empresas en Mérida, las cuales pagan 8 mil 500 pesos por tonelada; en las 100 hectáreas que siembro obtengo ingresos adecuados para vivir”.

Según información del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, dependiente de la Secretaría de Agricultura, la producción nacional de la leguminosa denota “un buen dinamismo”, pues crece a un ritmo promedio de 6.8 por ciento por año agrícola, la mitad de la producción que se genera en Tamaulipas (en 2013 fue de 239 mil 248 toneladas), donde se destinan 92 mil hectáreas al cultivo; otros estados donde se siembra son: San Luis Potosí, Campeche, Chiapas, Veracruz, Yucatán, Quintana Roo y Sonora.

El US Soybean Export Council señala que, después de China, México es el segundo importador mundial de la leguminosa, la cual compra principalmente en Estados Unidos, y es el sexto procesador de ésta, así como productor de pasta y aceite de ella.

En el país se consumen cerca de 5 millones de toneladas anuales de soya.


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