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Foto: Afp
La Jornada Maya

Madrid, España
Jueves 18 de enero, 2018

El Gobierno español de Mariano Rajoy cifró hoy en 87 millones de euros el coste del operativo policial especial desplegado en Cataluña a raíz del referendo soberanista ilegal del 1 de octubre, que se mantuvo hasta finales de 2017.

El ministro español de interior, Juan Ignacio Zoido, responsabilizó de este gasto al destituido presidente del Gobierno catalán, Carles Puigdemont, impulsor del proceso independentista en la región.

"Un coste que debemos sumar a los mil millones de euros en los que el Ministerio de Economía cifra el impacto de la desaceleración de cuatro o cinco décimas del crecimiento del PIB catalán o al descenso del 35 por ciento en las reservas hoteleras", señaló Zoido en una comparecencia en el Senado español.

La llamada [i]Operación Copérnico[/i] supuso el envío a Cataluña de varios miles de efectivos de los cuerpos de seguridad del Estado. El ministro detalló que el dispositivo policial "estable" estaba integrado por unas 4 mil 500 personas, aunque en momentos de gran tensión, como el 1 de octubre, llegó a alcanzar los 6 mil efectivos.

El despliegue fue muy polémico y criticado por los sectores separatistas, que hablaron de "fuerzas de ocupación".

Por otra parte, los sindicatos policiales denunciaron las malas condiciones en las que fueron alojaron los agentes y las presiones que éstos recibieron en algunos municipios catalanes.

Durante su estancia en Cataluña, parte de los agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil pernoctaron en un ferry que se convirtió en objeto de burlas por tener estampados en su casco dibujos animados de Warner, entre ellos el famoso pájaro Piolin.

El primer refuerzo policial llegó a Cataluña en septiembre para tratar de frenar el referéndum de independencia que se celebró el 1 de octubre con tensión y altercados y que había sido prohibido de antemano por el Tribunal Constitucional.

Zoido lamentó hoy que hubiera heridos durante la turbulenta jornada, en la que los agentes de la Policía española y de la Guardia Civil trataron de impedir la votación por la fuerza en algunos locales electorales, pero defendió la actuación policial ante lo que calificó como "resistencia pasiva" de grupos organizados.

"Fue absolutamente indispensable, legítima y profesional", destacó.

El ministro acusó, además, a la Policía catalana (los Mossos d'Esquadra) de "absoluta pasividad y nula colaboración" con las fuerzas de seguridad del Estado.

Interior ordenó la retirada de los agentes desplegados en Cataluña de forma especial a final de diciembre, tras las elecciones celebradas en la región el día 21 de ese mes.


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