Eurepa Press
Foto: Reuters
La Jornada Maya

Madrid, España
Lunes 11 de noviembre, 2019

El gobierno de Gambia ha presentado oficialmente este lunes una demanda contra Birmania ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por actos de genocidio contra la minoría musulmana rohingya. La demanda ha sido presentada por un equipo legal encabezado por el ministro de Justicia gambiano, Aboubacar Tambadou, quien es además el fiscal general del país africano.

Momento histórico después de que Gambia haya presentado oficialmente una demanda contra Birmania por actos de genocidio contra los rohingya.

El caso ha sido presentado hoy ante la CIJ", ha dicho el Ministerio de Justicia gambiano a través de su cuenta en la red social Twitter. Tanto Gambia como Birmania son firmantes de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, aprobada en 1948, que además de prohibir a los estados cometer genocidio pide a todos los firmantes que eviten y castiguen este crimen.

"El objetivo es lograr que Birmania rinda cuentas por sus acciones contra su propio pueblo, los rohingyas. Es una vergüenza para nuestra generación que no hagamos nada mientras el genocidio ocurre ante nuestros ojos", ha dicho Tambadou, según la agencia de noticias Reuters.

Gambia, de mayoría musulmana, ha presentado la demanda con el apoyo de la Organización para la Cooperación Islámica (OCI). En la misma, reclama a la CIJ medidas provisionales para garantizar que Birmania "detiene las atrocidades y el genocidio contra su propio pueblo rohingya".

Los rohingyas son una minoría étnica de fe musulmana que se concentra en Rajine. Birmania les considera descendientes de inmigrantes ilegales procedentes de Bangladesh y no les reconoce como ciudadanos, privándoles con ello de derechos básicos.

La persecución que, según denuncian, sufren en Birmania les ha empujado tradicionalmente a Bangladesh, donde hay más de un millón de rohingyas. En agosto de 2017, el gobierno birmano lanzó una campaña militar en respuesta a ataques de insurgentes rohingyas que llevó a la ONU a advertir sobre una posible "limpieza étnica".

El ministro de la Oficina del Consejero Estatal de Birmania, Kyaw Tint Swe, aseguró a finales de septiembre que las autoridades del país iban a "acelerar la repatriación" de aquellos refugiados rohingyas que sean considerados como "retornados verificados".

En esta misma línea se expresó a principios de noviembre la líder 'de facto' del gobierno de Birmania, Aung San Suu Kyi, quien prometió que Naipidó asumirá su responsabilidad de cara a las repatriaciones. Apenas unos días antes, el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, había pedido al país asiático que "garantice la repatriación segura, voluntaria, digna y sostenible de los refugiados rohingyas al estado donde nacieron, de conformidad con las normas y estándares internacionales.

Además, emplazó al gobierno birmano a que siga las recomendaciones de la Comisión Asesora sobre el Estado de Rajine, garantice que los actores humanitarios tengan acceso pleno y sin restricciones a las áreas de retorno y permita una solución rápida para los desplazados internos en el país.

[b]ONG aplauden la desición de Gambia[/b]

Un total de diez ONG han aplaudido la decisión de Banjul y han destacado que será la primera vez que habrá un pronunciamiento judicial sobre la "campaña de asesinatos, violaciones, incendios y otras atrocidades contra los musulmanes rohingyas".

"La acción legal de Gambia desencadena un proceso judicial ante la más alta instancia judicial del mundo que podría determinar que las atrocidades de Birmania contra los rohingyas violan la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio", ha dicho Param-Preet Singh, director asociado sobre Justicia Internacional de Human Rights Watch (HRW).

"La rápida adopción por parte del tribunal de medidas provisionales podría ayudar a detener los peores abusos en marcha contra los rohingyas en Birmania", ha agregado. En este sentido, Alison Smith, directora de Justicia Internacional de No Peace Without Justice, ha destacado que "como país que emergió recientemente de décadas de dictadura brutal, el liderazgo de Gambia sobre el genocidio rohingya es especialmente llamativo y bienvenido".

Asimismo, ha pedido a otros firmantes de la citada convención que "sigan el liderazgo de Gambia y presten su apoyo claro e inamovible". Por su parte, Melinda Reed, directora ejecutiva de Women's Initiatives for Gender Justice, ha apuntado que "los procedimientos de Gambia ante la CIJ ofrecen a innumerables supervivientes de violencia sexual y otras víctimas algo de esperanza de que Birmania pueda tener que rendir cuentas legalmente por su implacable campaña contra los rohingyas".

"El caso de Gambia ante la CIJ podría presionar a Birmania a dar marcha atrás en su camino de violencia y cumplir sus obligaciones bajo la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de castigar a los responsables", ha zanjado Andrea Giorgetta, director para Asia de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH).

Las otras ONG firmantes de la iniciativa son la Association pour la Lutte Contre l'Impunité et pour la Justice Transitionnelle, el Centro Europeo para los Derechos Humanos y Constitucionales, el Global Centre for the Responsibility to Protect, el Global Justice Center, la International Bar Association Human Rights Institute, y Parliamentarians for Global Action.


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