Texto y foto: Ap
La Jornada Maya

Sacramento, California
Miércoles 13 de marzo, 2019

Los 737 condenados a muerte en California obtuvieron el miércoles la suspensión de su pena cuando el gobernador Gavin Newsom firmó un decreto de moratoria de las ejecuciones.

Newsom ordenó además el cierre de la nueva cámara de ejecuciones en la Prisión Estatal de San Quentin que nunca llegó a ser usada y derogó las normas sobre la inyección letal que ya eran inaplicables debido a las demandas iniciadas por los opositores de la pena capital.

“Me siento muy emocionado”, dijo Newsom a la prensa después de la firma del decreto. “Considero que esto era lo correcto”.

Añadió que la aplicación de la pena de muerte ha sido “un fracaso” que “ha discriminado contra presos que son mentalmente discapacitados, que son negros o hispanos o que no pueden pagarle a un abogado”.

Denunció además que muchas veces personas inocentes son convictas y ejecutadas.

California, el estado que más condenados a muerte tiene con 737, no ha ejecutado a ninguno desde el 2006, cuando era gobernador Arnold Schwarzenegger. Y si bien en un referéndum en el 2016 ganó por estrecho margen la opción de agilizar la aplicación del máximo castigo, ningún preso fue ejecutado.

Desde la última ejecución efectuada en California, su pabellón de la muerte abarca uno de cuatro condenados a la pena máxima en todo Estados Unidos. Entre ellos está Scott Peterson, cuyo juicio por la muerte de su esposa Laci estremeció al país y Richard Davis, quien secuestró a la niña Polly Klaas, de 12 años, y la estranguló.

Sin embargo, no todos están de acuerdo con el gobernador californiano.

Newsom "ha usurpado la expresión popular de los habitantes de California y la ha reemplazado con sus preferencias personales, mediante esta moratoria apresurada y equivocada de la pena de muerte”, denunció Michele Hanisee, presidenta de la Asociación de Fiscales del Condado de Los Ángeles.

Si bien se da por descontado que la declaración de Newsom será objetada en los tribunales, sus allegados señalan que la constitución estatal le da la potestad de revocar penas de muerte, y que él no está alterando fallos judiciales ni permitiendo la libertad temprana de ningún preso.


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