Reuters y Europa Press
Foto: Reuters
La Jornada Maya

Naipyidó, Myanmar
Lunes 11 de marzo, 2019

La relatora especial de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Myanmar, Yanghee Lee, ha expresado este lunes su preocupación por el plan de Bangladesh para reubicar a 23.000 refugiados rohingyas en una isla remota en abril, ya que el territorio podría no ser habitable y provocar una nueva crisis.

Por su parte, Bangladesh asegura que llevar a los refugiados a Bhasan Char, cuyo nombre significa "isla flotante", aliviará la superpoblación de los campamentos en Cox's Bazar, que albergan unos 730.000 rohingyas.

Según ha reconocido Naciones Unidas, esta minoría musulmana ha huido de asesinatos en masa y violaciones cometidas por el Ejército en el Estado de Rajine desde agosto de 2017.

Algunos grupos humanitarios han criticado el plan de reubicación asegurando que por la isla pasan ciclones frecuentemente y no puede ser un hogar para miles de personas.

"Hay varias cosas que desconozco incluso después de mi visita, ente los que destaca si la isla es realmente habitable", ha asegurado la relatora especial de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Myanmar, Yanghee Lee, que estuvo en enero en la isla del Golfo de Bengala.

"Las malas planificaciones y las reubicaciones sin el consentimiento de los refugiados implicados tienen el potencial de crear una nueva crisis. Corresponde al Gobierno de Bangladesh asegurar que esto no suceda", ha advertido en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Lee, que está vetada por el Gobierno de Myanmar, también ha asegurado en Ginebra que hasta 10.000 civiles han abandonado sus hogares en el Estado birmano de Rajine desde noviembre debido a las violaciones y la falta de ayuda humanitaria.

Además, ha reclamado al Consejo de Seguridad de la ONU que traslade al Tribunal Penal Internacional (TPI) las atrocidades cometidas contra los rohingyas y otros grupos étnicos en Myanmar, así como pedir a Rangún que acepte su jurisdicción.

El embajador birmano, Kyaw Moe Tun, ha rechazado esta opción asegurando que el tribunal de La Haya "no tiene jurisdicción sobre Birmania".

"A pesar de que el Gobierno no puede aceptar esta intervención legalmente dudosa del TPI, Myanmar está completamente comprometida con la rendición de cuentas donde haya una evidencia creíble de violaciones de los Derechos Humanos cometidas en el estado de Rajine", ha afirmado.

La tarea más apremiante es asegurar un rápido retorno de los refugiados, ha urgido, sin utilizar la palabra rohingyas, que son considerados apátridas por las autoridades de Myanmar.

[b]Delegación del TPI en Bangladesh[/b]

Durante la jornada, la oficina de la fiscal jefe del TPI, Fatou Bensouda, ha anunciado que una delegación del organismo ha finalizado su primera visita a Bangladesh en el marco del examen preliminar sobre la denunciada deportación de rohingyas desde el país vecino.

"El propósito de esta visita era contactar con los actores relevantes, explicar el proceso de examen preliminar y viajar a los campamentos de refugiados de cara a informar a la oficina (de Bensouda) sobre la valoración en marcha", ha explicado en un comunicado.

Así, ha expresado su "agradecimiento" al Gobierno de Bangladesh en nombre de Bensouda por "apoyar esta visita y facilitar las reuniones con las autoridades nacionales relevantes".

En este sentido, ha confirmado que la delegación ha mantenido "intercambios constructivos" con altos cargos de los ministerios de Exteriores; Ley, Justicia y Asuntos Parlamentarios; e Interior. Además, se han reunido con representantes de agencias de la ONU y miembros de la comunidad académica.

En el marco de la visita, la delegación ha visitado los campamentos de refugiados en Cox's Bazar, tras lo que ha destacado que el examen preliminar "continúa y seguirá su curso".

"Un examen preliminar no es una investigación, sino una valoración de los criterios del Estatuto de Roma para decidir si una investigación en torno a la situación tratada está justificada", ha argüido la oficina de Bensouda, antes de aclarar que la delegación "no ha recabado pruebas ni llevado a cabo actividades de investigación".

"La oficina está comprometida a realizar progresos continuados en el proceso de examen preliminar y está agradecida a las autoridades de Bangladesh y muchos otros socios por su firme apoyo", ha zanjado.

[b]El examen preliminar[/b]

Bensouda anunció en septiembre de 2018 la apertura de un examen preliminar para examinar si la supuesta deportación forzosa de rohingyas por parte de Myanmar constituye un crimen de guerra o contra la Humanidad.

Así, destacó que "si bien Birmania no es Estado miembro del TPI, Bangladesh sí lo es", por lo que manifestó que el tribunal "podría ejercer su jurisdicción sobre la conducta hasta el punto en que ocurrió parcialmente en el territorio de Bangladesh".

El Gobierno de Myanmar rechazó "rotundamente" la decisión en la que el TPI dijo tener jurisdicción para investigar las supuestas deportaciones de musulmanes rohingyas a Bangladesh, consideradas un posible crimen contra la Humanidad.

La oficina del presidente birmano, Win Myint, dijo que la decisión del TPI, que se pronunció tras la iniciativa de la Fiscalía de abrir una investigación preliminar, es "el resultado de un procedimiento incorrecto" y "de dudoso mérito legal".

Una misión de investigación de la ONU concluyó en agosto que las Fuerzas Armadas birmanas habían actuado con una "intención genocida" en el estado de Rajine, del que han huido más de 700.000 personas en el último año para escapar de la represión y la violencia. Los investigadores abogaron por imputar al jefe de las Fuerzas Armadas y a cinco altos cargos más.

Las autoridades birmanas, por su parte, han negado que hayan cometido atrocidades contra la minoría rohingya y han considerado que sus operaciones armadas estaban justificadas para contener la violencia miliciana.


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