Tensión antes del juicio contra indepentistas catalanes

Armando G. Tejeda
Foto: Afp
La Jornada Maya

Madrid, España
Lunes 11 de febrero, 2019

La tensión política es máxima en la víspera del inicio del histórico juicio contra los independentistas catalanes que llevaron a cabo la declaración unilateral y el referendo de independencia de octubre del 2017. El presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, suspendió el diálogo con los secesionistas, mientras que desde el gobierno catalán, presidido por el nacionalista Quim Torra, se advierte que una sentencia inculpatoria precipitaría una nueva proclamación de independencia y complicaría aún más el conflicto. Los 12 imputados se sentarán a partir de este martes en el banquillo de los acusados del Tribunal Supremo, en donde serán juzgados por los delitos de rebelión, malversación de fondos públicos y desobediencia, y por lo que podrían ser condenados a penas de hasta 40 años de cárcel.

En Cataluña, todas las instituciones públicas y los líderes políticos de todos los partidos están en vilo ante un juicio que marcará el futuro de la región. El Parlamento regional decidió suspender sus actividades para seguir de cerca y en directo todo lo que ocurra en Madrid, en la Sala Segunda del Alto Tribunal, que está integrada por siete magistrados -seis hombres y una mujer, y en teoría cuatro de corte conservador y tres progresistas-.

Dada la expectación y la importancia histórica que tendrá el proceso, en una gesto inédito los magistrados decidieron transmitir en directo y abierto a todas las emisoras de televisión que lo soliciten todo lo que ocurra en el proceso. Desde las comparecencias de los testigos hasta las declaraciones de los imputados, entre los que se encuentran un vicepresidente de la Generalitat, ocho ex consejeros, una presidenta del Parlamento catalán y los máximos responsables de dos asociaciones independentistas catalanas de carácter civil. El líder del proceso de secesión unilateral y quien finalmente tomó la decisión de hacer la declaración del 27 de octubre, el ex presidente Carles Puigdemont, se encuentra fugado desde noviembre del 2017 en Bélgica, donde la justicia rechazó la petición de extradición solicitada por el Estado español.

De las 12 personas encausadas, nueve se encuentran en prisión desde hace algo más de un año y dos meses, que son el ex vicepresidente y todavía máximo líder de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Oriol Junqueras, la ex presidenta del Parlamento, Carme Forcadell, los ex consejeros Jordi Turull, Raül Romeva, Josept Rull, Dolors Bass, Joaquim Forn, y los líderes sociales Jordi Sánchez y Jordi Cuixart. Los tres imputados que asistirán al juicio desde la libertad son los ex consejeros Meritxell Borras, Carles Mundó y Santiago Vila.

En la causa estarán presentes la Fiscalía española, que pide penas que oscilan entre los cinco y los 25 años de cárcel, la abogacía del Estado -que responde al criterio del gobierno de turno- que rebajo las condenas y pide una pena máxima de 12 años- y las acusaciones populares, que representan al partido de extrema derecha Vox, reclama unas condenas de 74 años de cárcel para todos ellos. Al juicio asistirá como destacada autoridad del Estado el presidente catalán, Quim Torra, quien ya advirtió que si el proceso culmina con un fallo en contra que supongo la prisión para sus compañeros de causa se plantean activar de nuevo la declaración unilateral de independencia.

En el juicio habrá alrededor de 500 personas que comparecerán como testigos, entre ellos el ex presidente español Mariano Rajoy, la ex vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, y los responsables policiales del operativo del 1 de octubre del 2017, cuando se celebró el referendo de independencia y que según el gobierno catalán provocó alrededor de dos mil heridos.

Se prevé que el juicio dura alrededor de tres meses, en los que habrá tres sesiones a la semana -los martes, los miércoles y los jueves-.

En medio de este clima de tensión política, el presidente Pedro Sánchez se plantea, según la filtración a los medios de comunicación del propio Ejecutivo, adelantar los comicios para el 14 de abril si no se aprueban los presupuestos generales del Estado, que se votarán en el Congreso de los Diputados el próximo miércoles. Se trata del último intento por convencer a las formaciones independentistas catalanes de que apoyen con su voto las cuentas públicas o en caso contrario se acabaría la legislatura y se abriría un nuevo panorama político en España, con el riesgo de que en esos comicios llegue al poder una nueva coalición de los tres partidos de derecha españoles, Partido Popular (PP), Ciudadanos y Vox.