Armando G. Tejeda
Foto: Afp
La Jornada Maya

Madrid, España
Lunes 30 de octubre, 2017

La Fiscalía General del Estado español informó hoy que había presentado sendas denuncias por los delitos de rebelión, sedición, malversación de fondos públicos y cohecho contra el pleno del gobierno catalán cesado y contra los miembros de la Mesa del Parlamento catalán que aprobaron llevar a cabo la votación del pasado viernes, en el que se declaró la independencia unilateral.

Además se desveló que el presidente de Cataluña cesada por Madrid, Carles Puigdemont, se encuentra fuera del país, en concreto en Bélgica, donde estará estrechando las relaciones con los nacionalistas flamencos, quien a su vez se mostraron dispuesta a apoyarle para que su país le otorgue “asilo político”.

En lo que en teoría iba a ser el primer día laborable de la nueva república independiente de Cataluña, las oficinas de los principales responsables del gobierno están vacías y bajo vigilancia de la policía autonómica, que ya recibe instrucciones directas del ministerio del Interior español.

La tensión es máxima, sobre todo a raíz del anuncio hecho por el Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, quien compareció brevemente ante los medios de comunicación para confirmar las acciones legales previstas e informar que ya se habían cursado a los respectivos tribunales.

En el caso de Puigdemont, su vicepresidente, Oriol Junqueras, y el resto de consejeros que se mantuvieron en sus puestos hasta el pasado viernes -sólo uno dimitió unas horas antes de la votación, Santi Vila- serán acusados de los delitos citados ante la Audiencia Nacional, al ser el órgano competente para asumir este tipo de infracciones.

Mientras que los miembros de la Mesa del Parlamento, al estar aforados por formar parte de la Diputación Permanente, serán juzgados por el Tribunal Supremo.

Los delitos por los que se les imputan son de una extrema gravedad, con lo que el fiscal les instó a comparecer “urgentemente” ante la justicia para que sean interrogados y, en su caso, se adopten las medidas cautelares previstas para este tipo de procesos, que podrían incluir la prisión incondicional y la retirada del pasaporte. En este sentido, la Fiscalía resalta "la flagrancia" de los hechos presuntamente cometidos, "la contumancia en la ilegalidad" de los mismos y "el riesgo de reiteración en la conductas antijurídicas", según consta en el texto de las querellas.

En cuanto a la querella contra los miembros de la Mesa del Parlament, el fiscal general dejó claro que "con sus acuerdos, posibilitaron la tramitación de los proyectos esenciales para el desarrollo y la culminación del proceso independentista".

[b]Puigdemont viaja a Bélgica[/b]

Las acciones penales de la Fiscalía española se llevaron a cabo el primer día laborable de la supuesta "nueva república", en una jornada marcada por la confusión y por la ausencia total de los consejeros de sus respectivas oficinas, por otra parte bajo vigilancia policial. El caso de Puigdemont fue el más llamativo: a primera hora de la mañana publicó una fotografía en las redes sociales de su despacho y del cielo de Barcelona, dando a entender que se encontraba en el Palacio de la Generalitat.

Pero unas horas más tarde se desveló que en realidad se encuentra en Bélgica, con el objetivo de reunirse con los nacionalistas flamencos que han expresado su simpatía por la proclamación de independencia de Cataluña y por su oferta para que el gobierno de su país le otorgue asilo político si lo necesita. El secretario de Estado Theo Francken, del partido independentista flamenco N-VA, afirmó ayer por la mañana vía Twitter que Puigdemont tiene la opción de solicitar "asilo político" en Bélgica.

A la ausencia casi total de actividades en las oficinas de la Generalitat se sumó la cancelación de los actos y reuniones previstas en el Parlamento catalán por parte de su presidenta y una de las más entusiastas defensoras de la secesión, Carme Forcadell, con lo que se entendió que había asumido las órdenes emitidas desde Madrid el pasado viernes, en el que también se aprobó en el Senado español la aplicación del artículo 155 de la Constitución, con el que presidente español, Mariano Rajoy, ordenó el cese del gobierno catalán al completo, la disolución del Parlamento y la convocatoria de elecciones para el próximo 21 de diciembre.

Además dos de los tres partidos independentistas que hasta ahora mantienen que Cataluña está regida y gobernada por la nueva república, también se mostraron dispuestos a participar en los comicios autonómicos convocados por Madrid. Un extremo que hasta ahora habían rechazado al tildar la medida de una “imposición antidemocrática” por parte del gobierno español.


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