Intenta el gobierno de Colombia desactivar la rebelión

Protestan contra el proyecto de reforma fiscal que pretende recaudar 3 mil 640 mdd
Foto: Ap

Afp, Sputnik, Europa Press y Reuters 

El gobierno de Colombia llamó ayer a un diálogo entre “quienes marchan” y “quienes no”, al cual fue invitado el Comité Nacional del Paro, en busca de una salida a la crisis social que desde hace nueve días ha dejado decenas de muertos a manos de las fuerzas de seguridad.

“Hay que escuchar a todos los sectores, pero también el país tiene que escuchar al gobierno”, aseguró el consejero presidencial Miguel Ceballos, recientemente designado alto comisionado para la paz, en entrevista con la radiodifusora Blue Radio.

El diálogo nacional comenzó el miércoles bajo el liderazgo de Ceballos y la participación de fiscalía, procuraduría, Defensoría del Pueblo y gremios económicos. El presidente Iván Duque aseguró el martes, al convocar a las reuniones, que la finalidad de su gobierno es “escuchar a la ciudadanía y construir soluciones” ante la crisis que afecta al país.

Agregó que se reunirá con los líderes de las protestas el próximo lunes, en un lugar fuera de la sede presidencial, pero generó críticas entre la población ante la urgencia que implica atender esta crisis desatada el mes pasado en rechazo a una propuesta de reforma tributaria que generó multitudinarias protestas, dos paros nacionales, escasez de alimentos, gasolina y medicamentos, pero sobre todo violencia policial contra los manifestantes, disturbios y censura en Internet.

La represión ha dejado 24 muertos, más de 800 heridos y 89 desaparecidos, de acuerdo con un reporte de la Defensoría del Pueblo publicado el miércoles. La organización Temblores aseveró que van 37 defunciones, mientras la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas entregó a la fiscalía el reporte de 471 desaparecidos desde el pasado sábado, de las cuales han sido localizadas 92.

Decenas de movilizaciones pacíficas continuaron ayer en Cali, Cartagena, Santa Marta, Medellín y Bogotá, donde se suspendió la vacunación contra el Covid-19 con el argumento de que las movilizaciones generan inseguridad. También se dejaron de realizar pruebas de laboratorio.

Ángel Custodio Cabrera, ministro del Trabajo, informó que Duque y la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez se reunirán “lo más pronto posible” con los promotores de las marchas, pero no precisó día ni lugar. “Los hemos invitado a acelerar este encuentro”, apuntó tras una junta en el Palacio de Nariño, sede del Ejecutivo, con representantes de las cortes.

Ceballos tuiteó que el gobierno invitó a la reunión al Comité Nacional del Paro, una de las principales organizaciones convocantes a las protestas, y aseguró: “seguiremos invitando a todos los sectores e impulsando una agenda de equidad para una sociedad más justa”.

La revista Semana y otros medios locales informaron que un primer encuentro se podría haber dado ayer, pero hasta el cierre de esta edición las cuentas en redes sociales del gobierno central no reportaron nada.

Josep Borrell, jefe de la diplomacia de la Unión Europea, recibió con beneplácito el llamado de Duque a un diálogo, pero pidió respeto al derecho a la protesta pacífica.

Humberto de la Calle, uno de los artífices del acuerdo de paz con las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, criticó en entrevista con Blue Radio que Ceballos, como comisionado de paz, “ha estado insuflando, aireando el odio y metiendo más confrontación” durante esta crisis.

El nuevo proyecto de reforma fiscal que presentará el gobierno de Duque al Congreso buscará recaudar unos 3 mil 640 millones de dólares entre recursos tributarios temporales y permanentes, para garantizar programas sociales, explicó el recién designado ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, en entrevista con la agencia de noticias Reuters.

La nueva propuesta fiscal estará enfocada en sobretasas temporales de renta a las empresas y a los más ricos, la prórroga transitoria del impuesto al patrimonio y una ampliación del que se cobra a los dividendos, así como a un plan de austeridad de gastos del Estado, abandonando la idea de elevar el IVA y eliminar exenciones, explicó.

 

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Edición: Ana Ordaz


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