Armando G. Tejeda
El Ejecutivo español, del socialista Pedro Sánchez, autorizó la repatriación a su país de origen de hasta 800 menores de origen marroquí sin respetar los propios preceptos de la legislación española, ni los tratados elementales sobre la protección de la infancia, ni los acuerdos bilaterales suscritos con el país vecino. Un juzgado de la ciudad fronteriza de Ceuta emitió un auto en el que ordenó la suspensión cautelarísima de estas entregas en la frontera, al concluir que se ha violentado el procedimiento y las garantías mínimas fijadas fijadas en la legislación.
En mayo pasado, en lo que fue la crisis diplomática más grave de las últimas décadas entre España y Marruecos, un aluvión de niños, adolescentes, jóvenes y adultos magrebíes entraron en masa a la ciudad española de Ceuta. Se calcula que fueron más de nueve mil, de los cuales fueron repatriados de forma expedita más de seis mil, pero se quedaron refugiados en albergues sobrepoblados más de tres mil, la mayoría menores de edad. El gobierno español, integrado por la coalición del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Unidas Podemos (UP) decidió aplicar un método similar al que utilizó el gobierno de Donald Trump en Estados Unidos para repatriar menores de edad de origen mexicano: los llevó hasta la frontera y ahí los entrego a los gendarmes marroquíes, pero sin antes haber abierto un expediente administrativo ni haber sometido la custodia de los menores de edad a la vigilancia del ministerio fiscal.
Después de que varios organismos internacionales y locales dieron la voz de alarma, entre ellos Unicef, Amnistía Internacional (AI), el Defensor del Pueblo y el Consejo General de la Abogacía, entre otros, el juzgado número uno de Ceuta decidió suspender las repatriaciones y admitir la querella presentada por la Asociación Coordinadora de Barrios y por la Fundación Raíces.
El juez no admitió los argumentos presentados por el ministerio del Interior, Fernando Grande-Marlaska, como máximo responsable del polémico operativo, de que de los “menores de edad querían volver a su país y habían decidido prevalecer ese derecho”. De hecho el juez consideró que el gobierno español no ha cumplido “nada de lo ordenado” en la Ley de Extranjería. “Ni se ha tramitado el procedimiento administrativo, ni consta resolución expresa sobre dicha cuestión respecto a cada uno de los menores” y recalcó que la devolución de los menores a Marruecos debe “necesariamente adaptarse a la legislación española en materia de repatriación vigente, ajustada a los principios y normas del derecho internacional”.
Esta suspensión ya es firme, por lo que se pudo evitar la repatriación de nueve menores de edad que ya estaba en marcha, aunque no así la de otros 18 jóvenes que fueron entregados a las autoridades marroquíes en las últimas horas vulnerando sus derechos y garantías.
Edición: Ana Ordaz
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