Este miércoles 1 de septiembre entró en vigor una ley de Texas, Estados Unidos, que prohíbe la mayoría de los abortos, aunque la Corte Suprema no ha respondido a un pedido de dejarla en pausa.
De ser ratificada, la ley sería la restricción más severa a la terminación de embarazos desde que la Corte Suprema determinó en 1973 que el aborto es legal a nivel federal.
La ley, aprobada en mayo por el gobernador republicano Greg Abbott, prohibiría los abortos tan pronto se detecte el latido cardíaco fetal, lo que usualmente ocurre a las seis semanas de gestación, un lapso durante el cual, en la mayoría de los casos, una mujer ni siquiera se ha percatado que está embarazada.
Los médicos que han pedido la intervención de la Corte Suprema argumentan que la ley ilegalizaría el 85 por ciento de los abortos y causaría el cierre de muchas clínicas. La organización Planned Parenthood es una de muchas que ha cancelado todo procedimiento de interrumpir un embarazo cuando han pasado seis semanas de la concepción del bebé.
Por lo menos otros 12 estados han aprobado leyes que prohíben los abortos de etapas temprana, pero en todos los casos las normas han quedado en suspenso.
Lo que distingue a la ley de Texas es la manera inusual de aplicarla, pues en vez de dejar esa tarea a las autoridades, cualquier ciudadano puede demandar a cualquier individuo o entidad que practique abortos, incluso a la persona que lleve a una mujer a la clínica. Según la ley, quien presenta ese tipo de demanda y gane recibiría por lo menos 10 mil dólares, es decir, alrededor de 200 mil pesos mexicanos.
Los que redactaron la ley, además, lo hicieron de tal manera que es difícil oponerse a ella en los tribunales, pues no deja claro quién es la parte demandada.
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