Blanche Petrich y Arturo Sánchez
El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, –que termina su segunda y controvertida gestión dentro de ocho meses— se quejó hoy ante los mandatarios y representantes de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) de ser víctima de “un tsunami de testimonios falsos” de los capos del cártel narcotraficante Los Cachiros. En juicio en tribunales de Nueva York, estos han asegurado y documentado en sus declaraciones ministeriales la supuesta protección que les brindaba el presidente hondureño.
Para Hernández –el único mandatario que excedió el tiempo límite en su turno ante el micrófono durante la cumbre— a esto se debe “la narrativa adversa” que se refleja en los medios de comunicación sobre su gestión de ocho años. Para la prensa estadunidense, Honduras ha sido, bajo su mando, un “narco Estado”. Desde hace dos años el hermano del presidente, Tony Hernández, está en una cárcel norteamericana acusado de complicidad con las organizaciones que comercian drogas.
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“Bajo nuestro gobierno hay docenas de narcos hondureños con sed de venganza en las cárceles de Estados Unidos. Su cultura es el ajuste de cuentas y ya encerrados la única arma son los falsos testimonios. Solían apuntar las balas, ahora apuntan con mentiras. Por eso ahora nuestro gobierno sufre un tsunami de acusaciones falsas en los tribunales del sur de Nueva York. Su única esperanza es hacer tratos con los fiscales de Estados Unidos y a cambio de ello dirán cualquier cosa”, dijo con amargura.
Sin mencionar que la violencia y la miseria en su país ha generado uno de los flujos migratorios más grandes y desesperados en la historia de Latinoamérica, Hernández se permitió ofrecer a los demás gobiernos de la región algunas lecciones sobre la forma cómo su gobierno logró “abatir el narcotráfico en 95 por ciento”.
“¿Cómo se logró? Dos lecciones: es innegable que las acciones duras y audaces no son fáciles pero son necesarias”, dijo. Su gobierno, explicó, implementó escudos aéreos, marítimos y terrestres. Creó dos nuevas fuerzas de seguridad, “odiadas por los narcotraficantes porque sabían que no las iban a controlar” y organizó una comisión independiente para depurar a la policía, “con lo que se eliminó a la mitad de sus miembros corrompidos”. Además dio prioridad a las extradiciones de los criminales detenidos.
Con eso, aseguró, se revirtió la realidad que existía cuando tomó posesión por primera vez en 2013, cuando Honduras tenía la tasa de asesinatos más alto del mundo, relacionada con el paso de la droga e instituciones policiacas penetradas y corrompidas por la droga.
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